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HRW dice que desmovilización paramilitar fue parcial

La desmovilización de algunas bandas paramilitares fue un fraude y han surgido grupos sucesores a esos escuadrones que tienen actualmente un impacto brutal en la situación de derechos humanos en Colombia, aseguró el grupo Human Rights Watch.

3 de febrero de 2010

Bogotá.- El informe de 125 páginas, llamado "Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia", fue presentado en la jornada en una conferencia de prensa encabezada por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), al destacar que el reporte fue el producto de dos años de investigaciones y entrevistas en Colombia.

De acuerdo con la investigación, entre el 2003 y el 2006 el gobierno del presidente Alvaro Uribe implantó un proceso de desmovilización de 37 grupos armados que integraban "la violenta y mafiosa coalición paramilitar" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). "Según el gobierno, el proceso fue exitoso, ya que más de 30.000 personas participaron en ceremonias de desmovilización".

"Sin embargo, poco después de la finalización del proceso de desmovilización surgieron nuevos grupos sucesores en todo el país que continuaron las actividades delictivas", indicó HRW.

Esos "grupos sucesores tienen un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia...(al cometer) abusos graves y generalizados contra civiles, que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales, amenazas y extorsión", agregó.

El gobierno de Uribe no se pronunció de inmediato sobre el informe.

Según HRW, entre 2007 y 2008 la cantidad de masacres registradas anualmente en Colombia se incrementó "abruptamente" un 42% y paso de 26 casos, con 128 víctimas, a 37 casos, con 169 víctimas. De acuerdo con datos divulgados en noviembre por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) entre 1982 y 2007 se produjeron al menos 2.505 masacres con 14.660 víctimas, principalmente muertos atribuidos al paramilitarismo.

HRW indicó, citando datos oficiales, que son al menos siete nuevos grupos paramilitares que tendrían al menos 4.000 miembros con influencia o zonas de acción en 24 de los 32 departamentos colombianos, aunque, grupos no gubernamentales locales afirman que podrían ser más de 10.000 los miembros de esas nuevas bandas.

Vivanco dijo que era "predecible" el surgimiento de esos nuevos paramilitares, que mantienen algunas diferencias con sus predecesoras de las AUC, porque aún no tienen un mando nacional unificado y "parecen estar menos enfocados en la lucha contra la insurgencia" porque "el gobierno no desarticuló las redes criminales de la coalición paramilitar".

Es decir, cuando se produjeron las desmovilizaciones, el gobierno no chequeó que cada desmovilizado lo fuera realmente ni les interrogó. La implementación "inadecuada" de las desmovilizaciones por parte del gobierno, agregó HRW en su informe, "permitió que los paramilitares reclutaran a civiles para que se hicieran pasar por paramilitares durante el proceso, mientras mantenían a una parte de sus grupos en actividad".

Esa falta de verificación oficial sobre la verdadera condición de paramilitar desmovilizado dio como resultado que "en varios casos los grupos paramilitares actuaran en forma fraudulenta" con ese reclutamiento de "falsos" desmovilizados. Aseguró que debido a esa falta de chequeo es difícil precisar cuántos de los desmovilizados lo eran realmente, cuántos no o cuántos siguieron delinquiendo.

HRW reclamó al gobierno acciones para proteger a las víctimas de los viejos y nuevos paramilitares, castigar lo que denominó la probada tolerancia en sectores del país de policías y militares con el accionar de esas bandas y pidió a Estados Unidos, principal socio de Bogotá en el hemisferio, que supedite "no sólo la ayuda militar sino policial (que entrega a Colombia) al juzgamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad pública que colaboran con los grupos sucesores".

 

 

AP