Gobierno peruano regula polémico derecho de consulta a pueblos indígenas

Lima -El reglamento fue enviado a Ginebra (Suiza) por la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que la sede central lo estudie y vea si se adecúa al Convenio 169 que establece el derecho de consulta, según dijeron a Efe fuentes de la OIT en esta capital.

Pese a la publicación de este reglamento, la Ley de Consultas aprobada por el Congreso peruano sigue sin promulgarse después de que el Gobierno peruano emitiera varias observaciones, principalmente porque no aceptaba que cualquiera de las partes -los indígenas o el Gobierno- tuviera derecho de veto ante un proyecto energético.

Los servicios jurídicos del ministerio de Energía y Minas, que elaboraron el reglamento, aseguraron a Efe que no es necesaria la ley para publicar el procedimiento, ya que el propio Convenio 169 está incorporado a la Constitución peruana y tiene rango de ley.

El anterior reglamento había sido observado en dos ocasiones por la OIT por no adecuarse a los procedimientos de consulta recogidos en el 169, y está por ver si el nuevo reglamento cumple a cabalidad con estos requerimientos.

El procedimiento hecho público hoy deja claro que no hay ningún derecho de veto y que, si el pueblo afectado por un proyecto no acude al proceso de consulta o finalmente no llega a un acuerdo con la empresa que quiere establecer una explotación en sus territorios, compete a la empresa decidir si sigue adelante.

Las fuentes del ministerio de Energía dejaron claro que el reglamento entró hoy en vigor y ya pueden establecerse las consultas según la nueva normativa, aunque reconocieron que si finalmente se aprobase la ley, tendrá un rango superior y el reglamento tendrá que adaptarse a ella.

Por su parte, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep, principal organización indígena amazónica) mostró su sorpresa porque el reglamento haya salido el mismo día en que ellos se encontraban reunidos con el ministro de Cultura para tratar de que él mediase ante el Gobierno precisamente en lo referente a las consultas.

La Ley de Consultas ha sido una de las más polémicas del gobierno de Alan García, no solo porque éste se ha negado a reconocer el derecho de veto, sino porque siempre ha considerado que los pueblos indígenas son propietarios del suelo que habitan, pero no del subsuelo y sus riquezas, que pertenecen a todos los peruanos.

Uno de los momentos más graves vividos por este Gobierno que termina su mandato el próximo 29 de julio fue en junio de 2009, cuando la promulgación de unas normas que los indígenas consideraban lesivas con sus derechos desembocaron en graves enfrentamientos que se saldaron con la muerte de 34 personas, 24 de ellas policías.

(Efe)