Gobierno y Fenosa tras acuerdo energético

Managua.- El gobierno sandinista de Daniel Ortega y la distribuidora de energía española Unión Fenosa discutirán en julio un acuerdo de intención para tratar de resolver la crisis energética que aqueja al país desde el año pasado.

Agregó que representantes de Fenosa firmaron un acuerdo de intención con el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, quien se encuentra en Madrid.

Murillo dijo que Fenosa expresó su intención de suspender una reclamación internacional de un seguro por las supuestas irregularidades encontradas en Nicaragua para operar normalmente y expresó su disposición de realizar las inversiones necesarias para contribuir a la solución de los problemas de energía del país.

En tanto que el gobierno manifestó su disposición de suspender el proceso de arbitraje en curso y cualquier otro proceso que dificulte el entendimiento en marcha. Esta semana se anuló una multa a Unión Fenosa por 2,4 millones de dólares.

El legislativo aprobó el jueves reformas a la Ley de Emergencia Energética que permiten a Fenosa convertirse en generadora de unos 100 megavatios, mientras el gobierno comprará energía en el mercado regional para que la empresa la distribuya.

Los constantes apagones de hasta 10 horas, que ocasionan más de 10 millones de dólares en pérdidas al comercio según la empresa privada, han provocado violentas protestas en los barrios de la ciudad.

Murillo dijo que las inversiones de Fenosa se destinaran a crear mecanismos transparentes para las tarifas, mejorar la red energética nicaragüense, mejorar el servicio a los usuarios y combatir el fraude. Explicó que se refiere a "las grandes empresas o a las residencias que consumen grandes cantidades de energía donde se ha detectado fraude energético".

Fenosa se queja de que miles se nicaragüenses pobres se pegan a las redes ilegalmente y otros tantos no pagan. En tanto muchos usuarios protestan por alteraciones en los medidores de energía que la empresa coloca en sus hogares.

La primera dama dijo que Fenosa se comprometió a "no retirar durante un periodo de tres años las utilidades obtenidas de sus actividades" en el país y el gobierno a "apoyar la lucha contra el fraude".

AP