Fiscales y bancos de EE.UU. negocian acuerdo para cerrar caso por hipotecas

Nueva York - La negociación entre 50 fiscales generales estatales de Estados Unidos y los bancos ha tropezado con la piedra de la multimillonaria cantidad que ha de permitir que se cierren las pesquisas y que podría superar los US$25.000 millones.

En estos momentos las cifras manejadas en la negociación superan los US$25.000 millones, confirmaron fuentes cercanas a la investigación consultadas y que no descartan que los números aumenten ya que, recuerdan, el escándalo de los embargos hipotecarios "supera con creces" esas cantidades.

JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America, entre otros, pusieron encima de la mesa una primera oferta de US$5.000 millones a cambio de garantías para no volver a ser investigados, a lo que se opuso un grupo impulsado por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, que considera prioritario seguir indagando.

Los bancos están desde octubre pasado en el punto de mira por el uso de procedimientos ilegales a la hora de firmar determinados documentos que ayudaron a acelerar la aprobación de miles de embargos de las viviendas de muchos estadounidenses, que se vieron incapaces de pagar sus créditos, afectados por la recesión y el aumento del desempleo.

Schneiderman capitanea los esfuerzos de varios fiscales que no quieren que los gigantes de Wall Street queden impunes y están dispuestos a llegar hasta el final con una investigación paralela para sentar en el banquillo a los responsables de un escándalo cuyas dimensiones siguen sin conocerse.

En medio de esos esfuerzos se enmarca una reciente reunión que mantuvieron en San Francisco (California) Schneiderman y la fiscal general de California, Kamala Harris, quien todavía no ha decidido si se une a esa investigación paralela a la que ya se ha sumado su homólogo de Delaware, Beau Biden, entre otros.

Los bancos, que declinaron hacer comentarios al ser consultados por Efe sobre las negociaciones, quieren cerrar "cuanto antes" un acuerdo para salir del atolladero y un sector importante de la Administración de Barack Obama está "presionando" a los fiscales para que pacten amparándose en el concepto de que las entidades son demasiado grandes para caer, dijeron las fuentes.

En el entorno del fiscal general de Nueva York se subraya que "alguien debe de pagar" por lo ocurrido y quieren llegar hasta el fondo del asunto "para que no se vuelva a repetir", según otras fuentes cercanas a Schneiderman consultadas por Efe, que admiten que los bancos están haciendo "todo lo posible" para cerrar el caso.

Algunos, como Bank of America, quieren resolver el problema con una salida por su cuenta y de ahí que hace tres semanas esa entidad anunciara un acuerdo con una parte de los inversores a los que se comprometió a pagar 8.500 millones de dólares, aunque otros afectados ya han cuestionado en los tribunales ese pacto.

Cualquier solución con los fiscales pasa inevitablemente por incluir un "alivio sustancial" a los afectados por las ejecuciones hipotecarias, según las mismas fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato porque siguen abiertas las conversaciones que se están celebrando en Washington.

Las irregularidades de los bancos en los procesos de embargo han tenido un impacto significativo entre las minorías raciales, según varios estudios publicados en los últimos meses que estiman que casi el 8% de los hispanos y de los afroamericanos han perdido sus hogares por las ejecuciones hipotecarias frente al 4,5% de los blancos.

Un informe del Pew Research Center asegura que la crisis hipotecaria tuvo especial saña en estados de fuerte presencia de inmigrantes, como California, Arizona, Nevada, Florida o Nueva Jersey, y en el caso de Nueva York revela que las minorías hispana y negra tienen el 175% más de probabilidades de enfrentar un embargo.

Por su parte, el Centro para Prestamos Responsables dice que si se combinan las viviendas en peligro inminente de ejecución con los hogares ya embargados la crisis afecta de manera "desproporcionada" a los latinos y afroamericanos, de los que el 17% y el 11% respectivamente corren peligro de perder su hogar.


Efe