MADRID. La presentación del plan, que incluye la posibilidad de liquidar entidades insolventes y la creación del llamado banco malo, estaba prevista para el viernes, pero finalmente se retrasó al 31 de agosto.
"La ley viene a dar cumplimiento a lo que podríamos llamar como un contrato", dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. "Es lógico que una de las partes, la Comisión Europea, participe en el diseño de un sistema que no es fácil".
"Hay la voluntad de trabajar juntos y analizar bien ese decreto ley para ponerlo en marcha", añadió.
La reforma, según ha adelantado el gobierno en los últimos días, permitirá intervenir y liquidar bancos que no presenten un plan creíble de saneamiento.
Con esta legislación, el gobierno intenta evitar otro fiasco como el Bankia, cuarto banco del país, que fue nacionalizado en mayo tras reconocer un agujero de 19.000 millones de euros.
El sector financiero español soporta una cartera estimada de 176.000 millones de euros en activos tóxicos, promociones, viviendas y suelo cuyo valor ha caído en picado tras el colapso inmobiliario en el 2008.
Buena parte de esos activos deteriorados, según las condiciones de Europa, irán a parar a lo que se conoce popularmente como banco malo.
Sáenz de Santamaría no concretó la fórmula para crear esta entidad, que puede nacer con fondos públicos y privados y supuestamente se encargará de comprar estas viviendas y promociones ahora devaluadas a precios generalmente fijados por agencias de tasación.
El banco malo libera los balances del resto de entidades en apuros, pero no es un banco como tal. No acepta depósitos ni facilita créditos, pero sí hace negocio con los activos que ha adquirido.
Con un desempleo de casi el 25%, la economía en recesión y un problema de deuda soberana vinculado con la deuda bancaria, España intenta evitar un rescate total de su economía como los de Grecia, Irlanda y Portugal, aunque se da por hecho que sí aceptará al menos un rescate parcial este año.
La vicepresidenta descartó que España necesite una intervención de sus finanzas y dijo que el gobierno esperará a ver las condiciones que pone el Banco Central Europeo (BCE) si finalmente decide comprar deuda de países en problemas como Italia y España para relajar los mercados y rebajar los altos costes de financiación.
El interés del bono español a 10 años en el mercado secundario cerró el viernes en 6,40%, un nivel considerado muy alto para la financiación sostenible de un estado, pero lejos del alarmante 8% que llegó a rozar hace dos meses.
Precisamente, la expectativa de una actuación del BCE es lo que ha relajado gradualmente el diferencial español en las últimas semanas.
A falta de conocer la letra pequeña de la reforma financiera, el gobierno dio una buena noticia a los casi 6 millones de desempleados del país, prorrogando un programa de asistencia financiera para desocupados de larga duración.
Esta ayuda, que comenzó a funcionar con el anterior gobierno socialista, facilita un sueldo de 400 euros durante seis meses a desempleados que han perdido sus subsidios y siguen sin encontrar trabajo.
La extensión incluye una subida de hasta 450 euros para desempleados con al menos tres personas a su cargo.
Mientras que a diferencia del anterior plan, se eliminará la ayuda para personas desocupadas que vivan con sus padres o abuelos, siempre que estos trabajen y que su salario dividido entre todos los habitantes de la casa sea de al menos 481 euros al mes.
AP