MADRID — La nueva legislación, cuyos detalles fundamentales se dieron a conocer el jueves, obligará a los bancos españoles a captar 50.000 millones de euros (65.500 millones de dólares) adicionales en un año para hacer frente a sus activos devaluados por el colapso inmobiliario.

Las entidades que no puedan cumplir con las nuevas provisiones —reservas que los bancos guardan para afrontar posibles impagos— podrán presentar planes de fusión antes del 31 de mayo y recibir ayuda del gobierno para completarlas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aclaró el viernes que los consejeros y presidentes de las entidades rescatadas verán drásticamente reducidos sus salarios fijos y también la retribución variable.

El sueldo caerá un 67%, hasta un máximo de 600.000 euros (789.645 dólares) al año, para los presidentes de entidades que reciban ayudas públicas. El recorte será del 76%, hasta los 300.000 euros (394.820 dólares), para los presidentes de bancos o cajas de ahorro nacionalizadas.

La publicación de los salarios que cobran los responsables de algunas de estas entidades, que superaban los dos millones de dólares en salario fijo, había generado una gran polémica en un país que está invirtiendo dinero público para rescatar a los bancos en mitad de la peor tempestad económica de los últimos tiempos. La reforma, que deberá ser ratificada en el Parlamento, se suma a la recapitalización iniciada por el anterior gobierno socialista y persigue que los bancos españoles depuren sus cuentas y vuelvan a disponer de liquidez para abrir el crédito, uno de los principales problemas de la economía nacional.

"Con este conjunto de medidas se trata fundamentalmente de favorecer la confianza en nuestra economía, fortalecer el sector bancario y su credibilidad en el ámbito nacional e internacional", dijo la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría al término de la reunión semanal del gabinete.

El gobierno del Partido Popular pretende que los bancos cubran hasta un 80% de las pérdidas derivadas de su inversión en suelo. Lo que obligará a las entidades, muchas de ellas cajas de ahorro, a liberar sus inversiones en inmuebles y actualizar su valor al precio de mercado, mucho menor que en la época de la burbuja de la construcción.

AP