Envían a cárcel a ex director de la Uiaf por caso de seguimientos

Bogotá  — La jueza Jenny Rosalía Jiménez decidió que Mario Alejandro Aranguren, quien hasta el lunes de la semana pasada fue director de la llamada Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda sea encarcelado mientras enfrenta un proceso en el que se le acusa de abuso de autoridad, prevaricato y concierto para delinquir.

Por esos delitos Aranguren podría ser condenado hasta 12 años en prisión.

El ex funcionario no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y pregonó su inocencia.

También fue privado de la libertad Luis Eduardo Daza, director operativo de la Uiaf.

Los funcionarios "utilizaron sus cargos a su arbitrio", sostuvo la jueza en su fallo, que puede ser apelado por los encartados

La única instancia que puede investigar a los magistrados es la llamada Comisión de Acusaciones del Congreso.

Misael Rodríguez, el fiscal que le imputó los cargos a Aranguren, dijo en la audiencia pública que desde la Uiaf y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o policía secreta, se concertaron para desacreditar a algunos magistrados de la Corte Suprema con el objetivo de minar las investigaciones del alto tribunal sobre lazos del paramilitarismo con congresistas.

En uno de esos intentos por buscar documentación que pudiera desprestigiar a magistrados, agregó el fiscal Rodríguez, Aranguren entregó a detectives del DAS información confidencial sobre transacciones aparentemente irregulares de al menos tres funcionarios relacionados con la Corte Suprema.

En concreto, esas transacciones tenían que ver con supuestos negocios de varios magistrados de la Corte con Ascencio Reyes, un hombre que al parecer tuvo negocios con narcotraficantes y con un extraditable llamado José María Ortiz. Reyes ni es investigado ni tiene cargos pendientes en la justicia colombiana.

En febrero de 2009, la revista colombiana Semana publicó un artículo, con fuentes anónimas, que daba cuenta de que en los últimos años desde el DAS se interceptaron teléfonos ilegalmente de varias personalidades como magistrados, activistas y periodistas.

Desde entonces, la Fiscalía inició una investigación para dar con el paradero de los responsables del supuesto espionaje. Hasta ahora en el caso al menos 18 detectives y ex detectives del DAS han sido detenidos y acusados, entre otros delitos, por concierto para delinquir y abuso de autoridad.

El presidente Alvaro Uribe ha negado que el espionaje lanzado por el DAS, una oficina que depende directamente de su despacho, hayan sido ordenadas desde la sede de gobierno.

A mediados de mes, la Fiscalía citó a un interrogatorio al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, para que aclare declaraciones de testigos que lo comprometería con la supuesta red de espionaje. Moreno ha negado cualquier relación al caso.

(AP)