Empresas de venta on line pueden ser responsables de infracciones de clientes

Bruselas - La máxima instancia judicial europea se pronunció así sobre el litigio entre la empresa eBay, que permite la compra y venta de bienes y servicios a través de internet, y la compañía cosmética L'Oréal, informó la corte en un comunicado.

L'Oréal acusó a eBay de estar implicada en las violaciones de la normativa sobre marcas cometidas por usuarios de su sitio web, así como de comprar "palabras clave" correspondientes a nombres de marcas de la compañía cosmética a empresas que ofrecen servicios de pago de referenciación, como el sistema AdWords de Google.

Según argumentó L'Oréal, los esfuerzos de eBay por impedir la venta de productos falsificados en su sitio web "son insuficientes" y, además, la página permite otra práctica ilegal: la oferta y venta a consumidores situados en la Unión de productos L'Oréal destinados a ser vendidos en terceros Estados (importación paralela).

La instancia británica encargada del caso (la High Court) remitió al Tribunal de la UE una cuestión sobre las obligaciones que pueden recaer sobre una sociedad que gestiona un mercado electrónico en internet para evitar que sus usuarios vulneren derechos de marca.

En su sentencia de hoy, el tribunal considera que el gestor de un servicio de venta a través de internet desempeña un "papel activo" que le permite tener conocimiento o control de los datos sobre las ofertas que se realizan en su mercado.

Al desempeñar este "papel activo", el gestor del mercado electrónico no puede acogerse a la exención de responsabilidad establecida por el Derecho de la Unión bajo determinados supuestos.

El tribunal también considera que se podría establecer la obligación judicial de facilitar la identificación de sus clientes vendedores, en caso de que se hayan producido delitos contra la propiedad intelectual.

Cuando el autor de la infracción actúa en el tráfico comercial y no en el ámbito de la esfera de su vida privada, "éste debe ser claramente identificable", señala.

Por ello, la corte de Luxemburgo establece que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual "pueden requerir al gestor de un mercado electrónico la adopción de medidas" contra las vulneraciones de estos derechos.

Estos requerimientos han de ser "efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben crear obstáculos al comercio legítimo", añade el tribunal.


Efe