| 4/27/2011 8:00:00 AM

El empleo sumergido en España supone casi el 8 por ciento del PIB

El empleo sumergido genera en España cerca de 82.000 millones de euros, cifra cercana al 8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según cálculos del colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda difundidos hoy.

Madrid - Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas españolas en las que se registran más casos de empleo sumergido, es decir casos de empresarios que tienen a sus trabajadores sin un contrato legal y sin darles de alta en la Seguridad Social.

Los técnicos abogan por que el plan contra el empleo irregular, que el Gobierno español prevé aprobar el próximo viernes, introduzca estímulos adicionales "lo suficientemente alentadores" para que los empresarios declaren el trabajo sumergido.

También afirmaron que las amnistías fiscales no son una herramienta adecuada para que emerja la economía irregular, ya que, a su juicio, las regularizaciones pasadas se mostraron poco efectivas y además suponen un agravio comparativo hacia los asalariados que sí cumplen con el fisco.

La clave se encuentra, sostienen, en la lucha efectiva contra el fraude tributario, ya que es el dinero negro el que permite en primer lugar mantener los empleos irregulares.

Según este colectivo, si se redujera en diez puntos la tasa de fraude en España, el Estado podría recaudar más de 13.000 millones de euros adicionales provenientes de las cuotas de la Seguridad Social.

El ministro español de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó hoy que el Gobierno aprobará el próximo viernes, por real decreto-ley, el plan para que aflore el empleo irregular.

En una conferencia de prensa, Gómez recordó que hoy acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador del plan.

El ministro descartó que con el plan del Gobierno se vaya a hacer más precario el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus trabajadores ilegales mediante contratos temporales de seis meses.

El plan del Gobierno prevé que durante un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio, los empresarios puedan regular de forma voluntaria a sus plantillas en situación irregular.

La regularización les evitará ser sancionados, pero no impedirá que tengan que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades.

En España hay unos 4,5 millones de desempleados, más del 20 por ciento de la población activa, después de que el derrumbe del sector inmobiliario y la crisis económica causaran una gran destrucción de empleo en los últimos años.

 

(Efe)

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