| 3/6/2007 12:00:00 AM

EE.UU. preocupado por hostigamiento a medios y opositores en Venezuela

En su informe 2006 sobre prácticas de las naciones en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado dijo que el gobierno venezolano "siguió hostigando a la oposición y organizaciones no gubernamentales".

Washington.- La politización de la justicia y el hostigamiento a los medios, opositores y organizaciones no gubernamentales caracterizan la situación de los derechos humanos en Venezuela, dijo el Departamento de Estado en un informe que difundió el martes.

Expresó preocupación por la existencia de casos de asesinatos extrajudiciales; denuncias de desapariciones que involucran a las fuerzas de seguridad; torturas y abusos contra detenidos; arrestos arbitrarios y "discriminación política" que se aplica en entidades gubernamentales.

Indicó que las nuevas legislaciones para regular los contenidos de los programas de televisión y radio, así como los "hostigamientos legales" e "intimidaciones físicas" han dado como resultado un clima de autocensura. "El gobierno emplea una variedad de mecanismos legales, económicos, regulatorios, judiciales y la retórica de hostigamiento a los medios privados que han ido engendrando una actitud represiva hacia la libertad de prensa", dijo el informe.

Dijo también que el gobierno no da acceso igual a los medios a muchos acontecimientos oficiales y hay lugares como el palacio presidencial donde sólo pueden estar presentes estaciones de radio y televisión del gobierno. Según el Departamento de Estado, en el país impera un "sistema judicial corrupto, ineficiente y politizado", donde predominan los juicios demorados, la impunidad y las violaciones del proceso debido, todo lo cual incide en el deterioro de los derechos humanos en el país.

"El poder judicial también fue altamente ineficiente, algunas veces corrupto, y sujeto a la influencia política, particularmente la Fiscalía General, que también fue presionado por el Ejecutivo", agregó.

El Departamento de Estado menciona una "extendida corrupción en todos los niveles del gobierno", la persistencia de casos de tráfico de personas y las restricciones impuestas a asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores.

Basado en el estudio de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) del período octubre 2005-septiembre 2006, las autoridades estadounidenses denuncian la existencia de 169 casos de asesinatos extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales.

De igual forma admiten que "rara vez" los fiscales interponen acciones contra los señalados de perpetrar los asesinatos fuera de la ley, alegando alteraciones en la escena del crimen, pobres técnicas de investigación, constantes cambios de personal o la participación de funcionarios sin experiencia, lo que demora indefinidamente los procesos.

Según estimaciones de las autoridades estadounidense hay "trece prisioneros políticos" en Venezuela. Uno de los casos a los que hace mención es del general retirado Francisco Uson, quien permanece en la prisión militar de Ramo Verde acusado de "difamar" al ejército, a pesar de que como oficial retirado no está sujeto de la jurisdicción militar.

 

AP

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