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EEUU da 39 millones para mejorar sistema laboral del CAFTA

El Departamento de Estado anunció hoy una ayuda de 39,6 millones de dólares como aporte de Estados Unidos para facilitar las acciones de mejoramiento de sus socios centroamericanos de libre comercio en los campos laboral y protección ambiental.

28 de septiembre de 2006

Washington
 
Ese monto complementa iniciativas que están ya en marcha en esas áreas en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, y que recibieron 19,84 millones de dólares de apoyo estadounidense el año pasado, dijo el portavoz Sean McCormack.

Las mejoras asegurarán que los beneficios del libre comercio, contenidos en el tratado conocido como CAFTA-RD, lleguen a "un amplio espectro de esas sociedades", afirmó en una declaración escrita.

El anuncio coincide con las gestiones de la administración del presidente George W. Bush en favor de los tratados de libre comercio con Perú y Colombia, sobre los cuales algunos miembros del Congreso adelantaban que iban a ser rigurosos en sus provisiones sobre derechos laborales y protección ambiental.

McCormack dijo que los proyectos a ser financiados con el nuevo aporte son de interés local y regional y fueron identificados en consulta con los gobiernos involucrados.

Del total de la ayuda de 2006, 21,1 millones se destinarán al área laboral para programas de fortalecimiento de los ministerios de trabajo para la profesionalización de inspectores laborales, así como organizaciones locales que contribuyan a la eficiencia de la misión de esos ministerios.

Igualmente, servirán para mejorar la efectividad de los sistemas judiciales frente a las leyes laborales; eliminación de todo tipo de discriminación; mejoramiento de los procedimientos de verificación; apoyo al desarrollo de una cultura de acatamiento de la ley y reducción de los riesgos de los trabajadores agrícolas por manipulación de pesticidas.

La parte destinada a proyectos ambientales _18,5 millones de dólares_ buscará mejorar la implementación de las leyes en ese campo; fortalecer las normas sobre biodiversidad y conservación; promover actividades como el turismo ecológico y agricultura sostenible; mejorar el rendimiento medioambiental del sector privado y financiar obligaciones específicas derivadas del tratado para promover la participación pública y efectivo cumplimiento de las regulaciones.

FUENTE: AP