| 5/9/2008 12:00:00 AM

Dureza de presidenta argentina con el campo es riesgosa

Buenos Aires.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, se niega a dar marcha atrás con un conflictivo aumento de impuestos a las exportaciones de granos, como reclama el sector agrícola, en una dura posición política que analistas afirman podría ser riesgosa.

Los agricultores argentinos iniciaron el jueves, por segunda vez en dos meses, una protesta contra la medida oficial, agrupándose en asambleas en los costados de las rutas a lo largo del país y frenando la venta de cereales.

La protesta en uno de los mayores productores mundiales de bienes agrícolas profundiza un conflicto que comenzó en marzo cuando una huelga de tres semanas del campo produjo desabastecimiento en las ciudades y se transformó en el examen más duro para la presidenta, que asumió en diciembre.

Los ruralistas suspendieron la protesta a comienzos de abril para iniciar un período de 30 días de negociaciones, pero las tratativas fracasaron el miércoles y el sector respondió convocando a una nueva protesta de ocho días.

"Es la primera vez que el Gobierno se mete en un conflicto con la economía generando ruidos, particularmente con la cuestión de inflación," dijo Sergio Berensztein, analista político de la consultora Poliarquía. "Es un conflicto que podría costar en términos de imagen (del Gobierno) y provocar incertidumbre económica," agregó.

Incluso con las supuestamente manipuladas cifras oficiales de inflación, los precios minoristas subieron un 1,1 por ciento en marzo, su mayor alza en un año.

Fernández defiende los impuestos a las exportaciones como un mecanismo de distribución de la riqueza en un país donde según datos privados los indicadores de pobreza están volviendo a subir -tras años en baja- por la fuerte inflación que enfrenta la economía.

Los bienes agrícolas representan más de la mitad del total de las exportaciones.

DIALOGO TRABADO
Durante la protesta de marzo, Fernández realizó duras declaraciones contra el campo y lideró una serie de actos políticos para mostrar su fortaleza, con acusaciones al sector agrícola de haber apoyado el golpe de Estado de 1976 que instauró una brutal dictadura en el país.

Las tácticas de la presidenta se asemejan a las que aplicó su esposo y ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien para muchos analistas se encuentra plenamente involucrado en el manejo oficial del conflicto agrícola.

Su firmeza contra los inversores durante el proceso de reestructuración de la deuda pública en cesación de pagos en el 2005 y su discurso contra el Fondo Monetario Internacional, al que culpó por la crisis del 2001 y 2002 en el país, le otorgaron popularidad entre la población.

Pero el nuevo conflicto aparece en momentos en que crecen las quejas de la población por la inflación, que acompañó al fuerte crecimiento de la economía bajo el mando del matrimonio Kirchner, cuyos críticos denostan por su duro estilo de gestión.

La inflación fue del 8,5 por ciento en el 2007, pero las estimaciones privadas dicen que fue al menos del doble. El Gobierno es acusado de manipular las cifras para evitar el costo político y reducir el peso de la deuda que se actualiza por inflación. La economía argentina creció a un ritmo no inferior al 8,5 por ciento desde el 2003, pero una prolongada protesta agrícola podría afectar la expansión.

En marzo, la producción industrial creció un 3,0 por ciento, su ritmo más lento desde julio del 2007, debido a la menor actividad de las procesadoras de soja ante la falta de productos por la huelga.

"Los argentinos se sienten frustrados por algunas de las políticas económicas," dijo Carola Sandy, economista para mercados emergentes de Credit Suisse en Nueva York. "La gente está preocupada por la inflación. Y no le gusta la posición autoritaria de los Kirchner," agregó.

 

 

Reuters

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