| 8/19/2005 12:00:00 AM

Dueños de la tierra no aguantan más impuestos, Minagricultura

El Ministro de Agricultura y Desarrollo, Rural Andrés F. Arias, hizo un análisis publicado en la web de la entidad, que argumenta rechazo a más impuestos para tenedores de tierra y productores del agro.

¿IMPUESTOS A LA TIERRA?



Andrés F. Arias

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural






Hace unos días algún ilustre analista planteó una vieja tesis sobre la tierra en Colombia: aumentar significativamente el predial rural para dinamizar el mercado de tierras y así inducir un aprovechamiento mucho más productivo de ellas. Es decir, subir los impuestos a la tierra para dinamizar la actividad agropecuaria y también generar una distribución más justa de este factor productivo. Esta tesis fue planteada por Don Hernán Echavarría hace algunas décadas. No es nada nuevo.



Examinemos algunos datos antes de seguir filosofando sobre esta antigua teoría. En 1990 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tenía 2'220.003 predios rurales identificados para ser avaluados catastralmente. El dato excluye Antioquia, Medellín, Bogotá y Cali (quienes hacen sus propios avalúos) pero alcanza a cubrir el 86% de los predios rurales en el país. Hoy, el IGAC tiene identificados 2'919.347 predios para ese 86% del territorio nacional. Nótese entonces que la cobertura en términos de predios medidos ha crecido 31,5% entre 1990 y 2005. Esta cifra refleja dos realidades: primero, ha mejorado la eficiencia del IGAC y, segundo, el tamaño de los predios rurales se ha reducido.



Por supuesto, lo más importante es determinar cuánto ha aumentado en términos reales el avalúo catastral rural de lo que alcanza a medir el IGAC. En 1990 el avalúo catastral de los predios rurales identificados era de $1,75 billones de ese año. Hoy, el avalúo catastral rural asciende a $30,6 billones. Al utilizar el IPC, el IPP o el IPP agropecuario para deflactar y poder comparar en pesos de un mismo año ambos valores, se obtiene un crecimiento real del avalúo catastral rural entre 1990 y 2005 de 130%, 202% y 162%, respectivamente. Si utilizamos la tasa de cambio para hacer la comparación en dólares, se puede deducir que el crecimiento real del avalúo catastral durante este mismo período fluctúa entre 278% y 323%, dependiendo de la tasa de cambio empleada en 1990 (promedio año vs fin de año).



En cualquier caso, es evidente que desde 1990 no sólo se ha incrementado en más de 30% el número de predios rurales obligados a tributar el impuesto predial, sino que también el avalúo catastral rural sobre el cual se paga dicho tributo se ha multiplicado entre dos y tres veces, dependiendo de cómo se deflacten los valores corrientes.



¿Será que la tierra y los empresarios del campo aguantan más impuestos? No parecería por los datos anteriores. ¿Será que se puede generar una mejor distribución de la tierra en Colombia con más impuestos sobre este factor productivo? No, no y no! La contrarreforma agraria de este país es imputable al narcoterrorismo y no a la falta de impuestos a los productores lícitos del campo colombiano. La especulación con los precios de la tierra y la concentración de esta en pocas manos se deriva del fenómeno narcotraficante y nunca de las actividades de los empresarios legítimos del campo, quienes sí pagan impuestos.



Por ende, deshacer esta contrarreforma lo que requiere es más agilidad en los procesos de extinción de dominio. Cada hectárea con vocación rural que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) nos transfiere es entregada a familias campesinas sin tierra ó a familias desplazadas por el terrorismo. Dentro de poco las familias de las personas reincorporadas de la guerra terrorista también serán elegibles para este programa.



¿Será que el sector agropecuario crece mucho más y genera mucho más empleo si aumentamos los impuestos a la tierra? Tampoco parece ser una tesis demostrable: el avalúo catastral rural creció sistemáticamente desde 1990 mientras que el sector agropecuario se contrajo simultáneamente. La recuperación del campo colombiano sólo se ha logrado desde 2002 con nuestra política de Seguridad Democrática, de crédito agropecuario, de apoyos directos al sector, de empresarización (riego, ciencia y tecnología) y de búsqueda de mercados externos. La recuperación no fue ni será con más impuestos a la tierra.
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