| 7/13/2007 12:00:00 AM

Dirigente sindical colombiano denuncia a empresa de EE.UU.

Drummond, una firma privada con sede en Alabama, ha señalado que las muertes son trágicas, pero niega toda relación con los asesinatos o milicias en Colombia.

Birmingham, Alabama, EE.UU.- Un funcionario sindical declaró el jueves que el dirigente de la empresa minera Drummond en Colombia lo amenazó, luego del asesinato de tres dirigentes sindicales cuyas familias acusan de ello a la firma.

Juan Aguas Romero, secretario de educación para dos sindicatos en la nación sudamericana, declaró durante el segundo día de proceso en torno a una demanda civil contra la empresa Drummond Ltd., acusada de emplear a paramilitares a fin de matar a los tres hombres. Aguas dijo que Augusto Jiménez, presidente de las operaciones de Drummond en Colombia, hizo comentarios amenazantes durante los encuentros posteriores a la muerte a tiros de dos dirigentes gremiales en el 2001, y el asesinato de un tercero meses después.

Una vez, manifestó Aguas, Jiménez le dijo que "el pez por su boca muere". Un ex empleado de Drummond declaró previamente que Jiménez hizo comentarios similares durante conversaciones sobre negociaciones sindicales.

Hablando mediante un traductor, con Jiménez sentado a unos metros, Aguas declaró en español que se sintió intimidado por esas declaraciones, las cuales tomó como amenazas. La defensa dijo durante un contrainterrogatorio que Aguas le pidió a Jiménez que le diera boletos para viajar en avión a él y su familia, al año siguiente de los asesinatos, a pesar de sus supuestas amenazas. Aguas en principio negó haber hecho tal solicitud, pero luego manifestó que quizás la hizo. Sin embargo, indicó que no recibió ayuda alguna.

Aguas también negó que los dirigentes asesinados lo hayan sido por su posición pública contra los paramilitares de derecha en Colombia. Jiménez, abogado egresado de la Universidad de Harvard, casi no mostró reacción alguna ante el testimonio de Aguas, quien dijo haber recibido guardaespaldas luego de tratar el caso con el gobierno colombiano después de los asesinatos, ocurridos en el 2001.

A pesar de la protección, dijo Aguas, alguien trató de matarlo en octubre del 2002. Indicó que evadió a los hombres armados que estaban apostados ante su departamento gracias a un informe de la DAS, la agencia de inteligencia colombiana. Aguas dice que continúa sin asistir a su trabajo, aunque continúa recibiendo su salario, ante la falta de seguridad en la mina de Drummond en el norte de Colombia.

Los abogados del demandante hicieron que Aguas revisara varios diarios que documentaban las tensiones entre el sindicato y Drummond en torno a los problemas con el sindicato, algunos de los cuales fueron ventilados en los medios colombianos.

Los testimonios demuestran que Drummond suspendió durante 60 días, sin razones específicas, al presidente local del sindicato, Valmore Locarno, y al vicepresidente Víctor Orcasita, quienes luego fueron sacados de un autobús de la empresa y asesinatos por elementos armados no identificados el 10 de marzo del 2001.

La tercera víctima, Gustavo Soler, fue asesinada siete meses después, luego de suceder a Locarno como presidente del sindicato. Aguas es miembro del sindicado Sintramienergetica, que junto con los familiares de las víctimas, está demandando a Drummond.

El caso es ventilado conforme la Ley de Reclamo por Agravios en el Extranjero, que permite a los extranjeros demandar a empresas estadounidenses. Abogados relacionados con el caso dicen que es la primera vez que una demanda de este tipo llega ante un jurado.

 

 

AP

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