Demandan nulidad de contrato con consorcio boliviano-argentino

LA PAZ  — La petrolera estatal demandó la anulación de un millonario contrato por "irregularidades" con un consorcio boliviano-argentino para la construcción de una planta licuadora de gas natural situada al este de Bolivia, informó el presidente de la compañía, Carlos Villegas.

"El contrato tiene irregularidades y anomalías" dijo Villegas tras presentar el martes la demanda en contra del consorcio Catler-Uniservice en la sureña ciudad de Sucre donde la Corte Suprema de Justicia tiene su sede.

Las denuncias contra la empresa salieron a luz a finales de enero cuando asaltantes mataron a uno los ejecutivos de Catler-Uniservice en las calles de La Paz para robarle US$450.000  en efectivo, que según las investigaciones policiales eran para pagar un supuesto soborno a altos ejecutivos de la petrolera estatal, entre ellos el presidente de entonces Santos Ramírez.

Ramírez guarda prisión preventiva por el caso en un penal a la espera de un juicio en su contra y era hasta antes de su detención el tercer hombre en el gobierno después del presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García.

Anteriormente, el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dijo que el contrato "llave en mano" por 86 millones de dólares no fue aprobado por la directiva de la compañía. La AP intentó comunicarse con Catler-Uniservice pero un funcionario dijo que la compañía no hará comentarios.

El director de YPFB, Hugo Vincenti, dijo antes que el consorcio " no tiene ninguna posibilidad técnica ni financiera para concluir el contrato y en esa medida se abre la posibilidad de buscar una salida concertada".

La petrolera estatal desembolsó un anticipo para la construcción de la planta de gas licuado. Catler-Uniservice subcontrató a la estadounidense Gulsby Process Systems, con asiento en Texas, para elaborar la ingeniería del proyecto y le encomendó equipar la planta. También contrató a la argentina Sika y Lito Gonella para la construcción de los tanques.

El caso sacudió al gobierno de Morales porque puso al descubierto una red de corrupción en la empresa más emblemática desde que el mandatario nacionalizó los hidrocarburos en mayo de 2006.

(AP)