Defensoría colombiana detecta menor riesgo electoral

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, expuso en una rueda de prensa las conclusiones del Informe Especial de Prevención para los Comicios de 2014, elaborado de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo y a las presidenciales del 25 de mayo.

"Creemos que tiene alguna incidencia el proceso de paz que se ha venido adelantando" entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno desde hace más de un año en La Habana, argumentó Otálora.

Con base en las denuncias ciudadanas del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, este organismo establece que las acciones guerrilleras se han disminuido pero sigue identificando a las FARC como el principal agente dispuesto a torpedear las jornadas electorales.

"Hay una mayor incidencia de la guerrilla de las FARC, en 181 municipios, en 69 municipios sería el ELN (la segunda guerrilla, Ejército de Liberación Nacional) y un número inferior tendrían los grupos post-desmovilización", anotó el defensor del Pueblo.

Las FARC concentran así el 82 % de los municipios en riesgo electoral a través de mecanismos como el confinamiento para evitar que los habitantes de zonas alejadas bajo su dominio vayan a votar, objetivo que también buscan los recurrentes retenes guerrilleros el día de las elecciones.

El informe de la Defensoría también alertó de la existencia de "manuales de conducta" de las FARC para que la población no entre en programas sociales del Gobierno en los departamentos sureños como Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño.

También se ha denunciado la supuesta declaración como objetivo guerrillero de militantes políticos del Caquetá, así como amenazas contra funcionarios electorales y activistas en el Huila.

En zonas de influencia conjunta de las FARC y el ELN, como los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita en Arauca (noreste, frontera con Venezuela) se han registrado presiones contra los encargados de recolectar firmas para la inscripción de candidatos.

Mientras que los "grupos post-desmovilización" de los paramilitares o "bandas criminales" de Los Urabeños, Los Rastrojos, La Oficina de Envigado, Los Botalones, La Empresa y La Constru tienen en conjunto repercusión sobre 108 municipios, sobre todo en las regiones del Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.

Estas organizaciones incurren en prácticas como "el constreñimiento y corrupción al elector", según el defensor del Pueblo.

Pero también se han detectado financiaciones ilegales a algunos partidos ya denunciadas a las autoridades judiciales y electorales.

Este análisis de la Defensoría del Pueblo halló prácticas como el constreñimiento al elector en 198 municipios, perturbación del certamen democrático en 166, amenazas en 124, hostigamientos y combates en 73, retenciones ilegales en 56, corrupción al elector en 53 y la posibilidad de registrar homicidios en 17 localidades.

De hecho, la Registraduría, que es el ente encargado de la logística electoral, ha trasladado las mesas de votación en tres regiones del suroeste del país por "falta de garantías hacia la vida e integridad" de sus funcionarios.

De las 221 localidades en peligro, la Defensoría considera que 65 están expuestas a un riesgo extremo, 69 a un alto riesgo y 87 a un nivel medio.

EFE