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Costa Rica desmiente barrida a refugiados colombianos

La explicación surgió luego que ACNUR reclamara que "la revisión colectiva siguiendo un criterio de nacionalidad" va contra los principios de protección internacional.

26 de septiembre de 2006

San José.- El gobierno costarricense desmintió la aplicación de una "barrida" entre los casi 10.000 refugiados colombianos, luego de la preocupación expresada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"No es de esperar acciones masivas, ni una barrida, ni la cancelación del refugio a mil gentes, es un análisis muy focalizado basado en casos judiciales en curso", dijo en entrevista a la AP el director de Migración Mario Zamora.

Indicó que esos casos se relacionan con la presencia de sicarios colombianos y otras personas vinculadas con actividades criminales que gozaban del estatus de refugio.

La declaración de la Organización surgió luego de que el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, dijera después de un viaje a Colombia que investigarían quiénes y porqué otorgaron unas 10.000 visas a colombianos en un lapso de 30 meses. "¿Porqué razón Costa Rica se volvió receptor de tanta gente en tan poco tiempo?", cuestionó.

La población bajo refugio en el país es de unas 13.000 personas, de las cuales casi 10.000 son de Colombia.

"El número significativo de refugiados en Costa Rica... responde a la creciente necesidad de protección de cientos de miles de personas obligadas a huir de Colombia", apuntó ACNUR en un comunicado el domingo. Expresó "preocupación de que se vincule a toda la población refugiada con problemas de seguridad en el país y se tomen medidas que vulneren sus derechos".

Zamora aseguró que la visita a Colombia se debió a la necesidad de coordinar acciones pues han descubierto redes delictivas que operan en ambos países.

"Buscamos evitar que personas que han delinquido en Colombia y lo siguen haciendo en Costa Rica usen ese estatus para protegerse. Con ACNUR estamos tratando de mejorar los sistemas de protección del sistema para que un pequeño grupo no abuse de él para evadir la justicia", dijo Zamora.

Entre otras acciones, tratarán de verificar la necesidad de refugio recurriendo a datos de Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo colombianas.

"El ser refugiado no es sinónimo de inmunidad penal", destacó Zamora. Reconoció que estudian la posible reactivación de un convenio con Colombia para que presos de esa nacionalidad --actualmente unos 185 sentenciados-- puedan cumplir condena en su país.

Zamora manifestó que "algunos de ellos son muy peligrosos y aquí no tenemos cárceles para ese tipo de perfil".

Una de las más recientes capturas fue la Héctor Orlando Martínez Quinto, un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sospechoso de participar en matanzas de agentes y civiles en la nación sudamericana.

 
Fuente: AP