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Costa Rica desiste abrir mercado de telefonía fija

La legislación forma parte de un paquete de 13 leyes necesarias para implementar el CAFTA, aprobado por los costarricenses en un referendo el 7 de octubre.

5 de diciembre de 2007

San José.- El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dio marcha atrás al plan para incluir la telefonía fija en la apertura del sector telecomunicaciones en el país contemplada en el tratado de libre comercio negociado con Estados Unidos (CAFTA).


Aunque el texto inicial de la Ley de Telecomunicaciones solo se refería a telefonía celular e internet, antes de pasar al Congreso fue agregada la telefonía fija, lo que desató críticas de opositores al tratado pero además de empresarios y diputados que apoyan el CAFTA.

Incluso el martes la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que incluir ese tipo de novedades podría retrasar la aprobación de las leyes en el Legislativo.

AmCham, que representan unas 400 compañías y el 80% de la inversión extranjera, expresó en un comunicado que "hay demasiado en juego y no se puede aceptar que se agreguen disposiciones que no fueron negociadas como parte del tratado".

El presidente del ICE, Pedro Pablo Quirós, mantuvo una cita el lunes con diputados y el martes anunció mediante un comunicado la exclusión de la telefonía fija del proyecto. El ICE es el monopolio estatal que controla los servicios telefónicos y de internet en Costa Rica.

"La telefonía fija de Costa Rica quedará fuera de la apertura en telecomunicaciones y seguirá exclusivamente en manos del ICE", dijo Quirós al reconocer que "se trata de la posición más razonable".

El funcionario señaló que debido a los cambios y avances tecnológicos, "en el corto y mediano plazo la telefonía fija irá cambiando". El Congreso tiene plazo hasta el 29 de febrero del 2008 para ratificar el paquete de 13 leyes, de las cuales solamente la Ley de Protección de Representantes de Casas Extranjeras, ya cumplió el proceso.

En lista de espera están la apertura del monopolio estatal de seguros, varias reformas al Código Penal y a la Ley contra corrupción y enriquecimiento ilícito.

 

AP