| 7/26/2010 2:40:00 PM

Correa no descarta disolución del Congreso por bloqueo a leyes

El presidente Rafael Correa advirtió el domingo que aplicará la denominada "muerte cruzada", que permite la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones, si grupos de oposición continúan obstruyendo proyectos de ley impulsados por el ejecutivo.

Quito.- "Si la Asamblea Nacional continúa bloqueada por maniobras inescrupulosas... no excluimos la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período" como lo estipula el artículo 148 de la Constitución, dijo el mandatario en un acto oficial.

El incumplimiento de los plazos para la aprobación, negación o modificación de un proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos, desbordó la tensión entre los dos poderes del Estado.

Una sesión del legislativo convocada para la noche del domingo, y que buscaba debatir la iniciativa a pocas horas de que el plazo final expire, fue clausurada por el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, ante la falta del quórum reglamentario. La medida fue motivo de reclamo de la oposición, que cuestionó la ausencia de los asambleístas oficialistas.

El mandatario había calificado la convocatoria como "ilegal" y anticipó que la ley entrará en vigencia el lunes.

Gastón Gagliardo, legislador oficialista, afirmó que al fenecer los plazos todo lo actuado habría sido "improductivo y carecería de eficacia jurídica", mientras que César Montúfar, del movimiento opositor Concentración Democrática, dijo que con esto vendrán demandas de inconstitucionalidad, lo que pone al país en un contexto de "inseguridad jurídica".

Correa había responsabilizado a la oposición de generar incidentes en el Congreso que obligaron a suspender las sesiones donde debían debatirse las reformas a la ley de hidrocarburos que implican "la transferencia de miles de millones de dólares de las transnacionales petroleras" al estado ecuatoriano.

Agregó que con la ley "se intenta poner las reglas claras" al establecer como modelo único contractual el de servicios prestados, en el que el Estado mantiene la propiedad de la totalidad del crudo y paga a las compañías por trabajo realizado. En los contratos anteriores se establecía que el petróleo extraído se repartía entre el Estado y las petroleras privadas.

Según el mandatario, con la modificación el país obtendrá el 80% de la renta petrolera.

René Ortiz, ex secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, dijo a la AP que el anuncio es una muestra de "autoritarismo" y alejará la inversión extranjera.

Agregó que se trata de una "terrible señal de inestabilidad" política y jurídica para la comunidad internacional, pues permite la competencia "desleal" al favorecer a las compañías estatales, que no deberán pasar por procesos de licitación a diferencia de las privadas.

 

AP

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