| 12/5/2006 12:00:00 AM

Conflicto por minera canadiense en Ecuador

Auki Tituaña, alcalde indígena de Cotacachi, jurisdicción donde ocurre el conflicto, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan en el caso y que "con su actuación inteligente y urgente puedan evitar mayores desgracias", afirmó en canal 8 de televisión.

Quito.- Al menos 53 personas presuntamente contratadas por la compañía minera canadiense Ascendant Cooper fueron detenidas por miembros de una comunidad indígena del norte del país cuando los primeros irrumpieron en el lugar con armas y gases lacrimógenos.

Sin embargo, la empresa extranjera negó todo tipo de acusaciones en su contra y, en cambio, denunció "ser víctima de agresiones" por parte de un "grupo minoritario".

El fin de semana, en la zona de Intag se enfrentaron quienes avalan la presencia de la minera y quienes están en contra. El saldo fue de 53 "miembros contratados por parte de la compañía minera" que permanecen detenidos en la comunidad y un herido del lado contrario, dijo Tituaña.

Anunció que los dirigentes de esa zona van a presentar una denuncia sobre lo ocurrido ante los ministerios de Gobierno y de Energía y que se entregarán los detenidos y las pruebas a autoridades nacionales. Explicó que el conflicto se registra desde hace más de un año.

Tituaña mostró en televisión fotos en las que aparecen algunos de los detenidos que "tienen armas, tienen gases lacrimógenos" y que se enfrentan con comuneros. "Creemos que la compañía está queriendo incorporar paramilitares", aseguró.

"La compañía canadiense quiere a toda costa posesionarse de las tierras y explotar las minas de cobre", indicó Tituaña, quien sostuvo que "se viola la Constitución" con esa concesión minera porque establece un proceso de consultas a la comunidad cuando alguna actividad podría afectar a los pobladores y esa consulta "no la han realizado".

Francisco Veintimilla, gerente de la minera, en entrevista con radio Quito, se mostró "indignado" por las acusaciones en contra de su empresa.

Dijo que las personas "que han sido secuestradas" son miembros de una compañía de seguridad privada contratada por una empresa agrícola, que a su vez trabaja para Ascendant Cooper S.A.

Veintimilla afirmó que los manifestantes están "violentando propiedad privada... quieren desconocer un título de propiedad porque simplemente se oponen a un proyecto". Sostuvo que las tierras donde quieren hacer explotación minera fueron legítimamente otorgadas por el Estado.

Acusó a Tituaña de mezclar "un poco de mentiras, un poco de desinformación, un poco de verdades a medias, los utiliza para sus fines y hace cualquier acusación aventurada sin tener ningún fundamento".

Agregó que desde que la empresa llegó al Ecuador desde hace tres años "ha sido víctima... de una agresividad desconmesurada de un grupo minoritario".

La empresa aún no explota minerales y está realizando estudios en el terreno. Tiene una concesión para explotación de cobre, principalmente.

La Cámara de Minería señaló en un comunicado que las inversiones mineras en el país "enfrentan serias dificultades que amenazan con paralizarlas definitivamente. Ello está a punto de concretarse ante la falta de garantías por parte de las autoridades".

Indicó que "la injerencia de agentes externos y ajenos a la actividad minera y a un entorno social que se ha visto ampliamente beneficiado por el desarrollo minero, ha socavado el trabajo social y ambientalmente responsable que realizan empresas legalmente establecidas en el país".

Se refirió así a problemas de empresas mineras en localidades en el norte y en la Amazonia del país.

 
 
AP
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