| 11/23/2012 12:00:00 AM

Chevron cree demanda de Repsol no afectará a sus acuerdos con YPF

La petrolera Chevron mantiene su interés por colaborar con YPF en Argentina y considera que la justicia española, que admitió una denuncia de Repsol por "competencia desleal", no tiene jurisdicción sobre la compañía argentina, dijeron hoy a Efe fuentes del grupo estadounidense.

Buenos Aires .- La petrolera Chevron mantiene su interés por colaborar con YPF en Argentina y considera que la justicia española, que admitió una denuncia de Repsol por "competencia desleal", no tiene jurisdicción sobre la compañía argentina, dijeron hoy a Efe fuentes del grupo estadounidense.

"Confiamos en la legitimidad del memorando que firmamos con YPF en septiembre" y "no nos parece que la corte española tenga jurisdicción sobre el tema", señaló James Craig, portavoz de Chevron para América Latina, en alusión a la demanda presentada el lunes por la petrolera española Repsol contra Chevron por sus acuerdos con YPF.

Repsol había anunciado su intención de demandar a cualquier petrolera que cerrara acuerdos con YPF después de que Argentina expropiara, el pasado abril, el 51 por ciento de las acciones del grupo español en la compañía argentina sin compensación alguna.

"Teníamos esperanza en evitar un proceso judicial" con Repsol, agregó Craig, convencido de que "un litigio sería contraproducente para nosotros, para Repsol y para todos".

No obstante, insistió en que "Chevron tiene interés en explorar recursos no convencionales en Argentina junto a YPF", tal como señala el acuerdo firmado entre ambas partes el pasado septiembre para estudiar posibilidades de exploración en el yacimiento de Vaca Muerta.

El acuerdo con Chevron "apunta a explorar oportunidades de desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta (Neuquén), y a estudiar la potencialidad de aplicar la recuperación y mejora asistida en sus respectivos yacimientos, a través de nuevas y existentes tecnologías y componentes", informó entonces YPF.

Craig se refirió también al embargo de bienes decretado por un juez argentino por un juicio por 19.000 millones de dólares iniciado en Ecuador por daños ambientales.                                                                
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