| 3/22/2007 12:00:00 AM

Carbonera Drummond niega alianza con paramilitares en Colombia

Un juez federal de Alabama aceptó este mes una demanda civil en contra de Drummond Co. Inc. por supuestamente contratar sicarios para matar a tres líderes sindicales en el 2001 en una de sus minas en Colombia.

Bogotá.- La carbonera estadounidense Drummond negó el jueves cualquier relación con escuadrones de extrema derecha en Colombia y dijo que no tiene intenciones de llegar a un acuerdo en una demanda al respecto.

En una acción relacionada, el fiscal general de esta nación andina anunció el martes el inicio de una investigación criminal a esta carbonera por supuestos vínculos con los paramilitares.

"Drummond manifiesta públicamente que no ha hecho ni hará pagos, acuerdos o transacciones con grupos al margen de la ley y niega enfáticamente que la empresa o cualquiera de sus directivos haya tenido relación alguna con el asesinato de los tres sindicalistas", dijo la compañía en una declaración leída en una conferencia de prensa. "No hará transacción alguna con los demandantes".

La defensa de Drummond surge mientras otra multinacional estadounidense, la gigante frutera Chiquita Brands, reconoció que canalizó 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia.

Chiquita acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar 25 millones de dólares por financiar paramilitares catalogados como una "organización terrorista extranjera" por ese país. Las autoridades colombianas sopesan si presentarán cargos criminales contra ejecutivos de la firma y pedir su extradición para enjuiciarlos.

Colombia sufre el peor escándalo político en décadas por las revelaciones vinculando a la clase política, muchos de ellos aliados del presidente Alvaro Uribe, con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que han traficado cocaína, cometido masacres y robado millones de hectáreas de tierras a campesinos.

Los mayoría de jefes paramilitares, presos por un proceso de paz con el gobierno, han revelado el apoyo que recibían de políticos y empresarios.

El escándalo alcanza a Drummond, cuyas minas están situadas en la costa caribeña, un territorio controlado durante largo tiempo por paramilitares.

Uno de los directores de la compañía viene de un poderoso clan que es investigado por sus lazos con paramilitares.

En la rueda de prensa, José Miguel Linares, uno de los vicepresidente locales de Drummond, reconoció al ser interrogado que uno de sus directores, Alfredo Araujo, es primo del senador Alvaro Araujo, apresado el mes pasado bajo cargos de conspirar con paramilitares para secuestrar a un rival político.

Sobre el padre de Araujo pesa una orden de captura internacional por el mismo cargo y la hermana del senador, María Consuelo, renunció al cargo de Canciller días después de que lo capturaron. Drummond dijo que tiene plena confianza en Alfredo Araujo.

Drummond fue señalada por el ex colaborador de los paramilitares Rafael García, un testigo clave en el escándalo que está preso borrar antecedentes de narcotraficantes cuando trabajaba en la policía secreta.

García dice que presenció cuando el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, le entregó una "maleta llena de dinero" en el 2001 a un representante del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo para que mataran a líderes sindicales.

García dijo luego que tres sindicalistas asesinados fueron los mismos que mencionaron en esa reunión.

Un abogado de Drummond, Hugo Palacios, dijo el jueves que la compañía "niega enfáticamente" que esa reunión haya existido y dijo que demandaron "por injuria y difamación" a García.

Drummond es el segundo más grande productor de carbón en Colombia. El carbón es la segunda más importante exportación legal del país.

 

 

AP

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