Campesinos sin tierra acampan en Brasilia para presionar por reforma agraria

Brasilia - El campamento comenzó a instalarse hoy en los alrededores del estadio Mané Garrincha, que está en obras para el Mundial de fútbol de 2014, y ya albergaba a unos 4.000 campesinos, aunque el MST calcula que ese número se duplicará antes del próximo miércoles.

Ese día está prevista una gran marcha por la Explanada de los Ministerios, neurálgica avenida de Brasilia en la que están todos los predios del poder público, incluido el Palacio presidencial de Planalto, que será el destino final de la manifestación.

José Valdir Misnerovicz, portavoz del MST, dijo en una rueda de prensa que el movimiento ha pedido una audiencia con la presidenta Dilma Rousseff, que aún no ha sido confirmada, pero que confían en que serán recibidos.

"Han pasado ya ocho meses de este Gobierno y todavía no se ha firmado un solo decreto de expropiación de tierras para la reforma agraria", protestó Misnerovicz, quien denunció que la agricultura familiar sigue con los mismos problemas de crédito, falta de acceso a terrenos y miseria que castigan a ese sector desde hace décadas.

En ese sentido, afirmó que el MST tiene censadas a más de 200.000 familias desposeídas de tierras que viven acampadas a lo largo de Brasil desde hace trece años sin recibir ninguna atención del Gobierno.

También sostuvo que tanto durante la gestión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) como ahora con su sucesora y pupila política, los planes de reforma agraria han mantenido "el peor ritmo de la historia".

Las protestas de esta semana también estarán dirigidas contra el apoyo financiero que reciben del Gobierno la banca y las grandes empresas agrícolas, así como contra los planes de desarrollo que impulsa Rousseff en la región amazónica y un modelo productivo que favorece la deforestación a costas de la degradación ambiental.

Uno de los objetivos de las protestas será la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, que será emplazada en el corazón de la Amazonía y obligará a desplazar a unos 50.000 indios y campesinos a los que el Gobierno todavía no ha presentado ninguna alternativa, según denuncian los movimientos sociales.


EFE