| 11/13/2008 12:00:00 AM

Brasil fija condiciones ambientales a represa amazónica

BRASILIA _ Brasil anunció el jueves un conjunto de demandas ambientales como la adopción de dos unidades de conservación y la protección de una especie en peligro de extinción para autorizar obras en una polémica represa hidroeléctrica sobre el amazónico Río Madeira.

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) y la Agencia Nacional de Aguas dieron a conocer la concesión de la licencia ambiental para instalar el sitio de construcción de la planta Jirau, una de las dos usinas hidroeléctricas que se construirán sobre el Madeira.

La secretaria ejecutiva del ministerio del Medio Ambiente, Izabella Teixeira, dijo a periodistas que el permiso exige al consorcio encargado de la obra la inversión de 36 millones de reales (16,3 millones de dólares) en viviendas y saneamiento básico en la localidad vecina de Porto Velho.

Asimismo, requiere una inversión aún no cuantificada en el mantenimiento de dos unidades de conservación ambiental en la zona vecina de Cuniá.

Al mismo tiempo, deberá financiar programas de investigación y preservación de una especie en peligro de extinción aún sin definir. El gobierno reveló la semana pasada que 627 especies de fauna en Brasil corren riesgo de desaparecer.

Teixeira anticipó que nuevos requerimientos ambientales serán dados a conocer a más tardar en diciembre para la construcción total de la obra.

La planta, valorada en 8.700 millones de reales (3.954 millones de dólares al cambio actual), fue adjudicada en marzo al Consorcio Energia Sustentavel do Brasil, encabezada por la empresa francesa Suez junto con las brasileñas Camargo Correa Investimentos, Electrosul Centrais Eletricas y Companhia Hidro Elétrica do Sao Francisco.

La planta de Jirau, junto a la de Santo Antonio que ya recibió su licencia ambiental, son consideradas cruciales para el futuro energético de Brasil, aportando 6.450 megavatios de potencia instalada cuando entren en funcionamiento a partir de 2011.

También han generado polémica entre activistas de derechos indígenas, que consideran que están sumamente cerca de donde viven indios que no han tenido contacto con los blancos.

La legislación brasileña exige la preservación de la cultura indígena, y requiere que se les consulte en caso de obras públicas cercanas a su territorio.

Grupos ambientalistas también han reclamado que las plantas provocarán inundaciones de grandes extensiones en una área ecológicamente sensible de la Amazonia, lo cual tendrá impacto sobre especies animales y de plantas.


(AP)

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