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Bolivia: paralizan puesta en marcha de contratos petroleros

La paralización impediría al gobierno empezar a recibir en breve nuevos ingresos procedentes de la renegociación de los contratos y, que según el presidente Evo Morales, implicarían un salto del 50% --que pagaban las compañías en impuestos y regalías-- a un 82%.

7 de febrero de 2007

La Paz.- El gobierno informó que ha detenido un trámite esencial para poner en vigencia los 44 contratos firmados en octubre con las empresas petroleras que operan en el país, en el marco de su decreto de nacionalización de los hidrocarburos.

Un comunicado emitido el miércoles por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señala que "en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía se tomó la decisión de no llevar adelante, todavía, la protocolización de los contratos de operación... hasta garantizar las condiciones adecuadas para su puesta en vigencia".

"Se ha tomado esta decisión por razones técnicas y operativas y con el propósito de garantizar que cuando los contratos sean protocolizados, entren en plena vigencia y se puedan llevar adelante adecuadamente todas las tareas, deberes y responsabilidades acordadas por las partes", agrega, sin dar más detalles.

Pero el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, informó a la prensa que "el retraso se debe a la falta de documentación de varias empresas, de boletas de garantía y de permisos de sus casas matrices".

El funcionario dijo desconocer por qué hasta el momento en que se decidió frenar el trámite sólo habían sido enviados a la notaria del gobierno 38 de los 44 contratos para su protocolización.

Sin embargo, Villegas, ha señalado que los nuevos contratos, que se basan en una compleja fórmula para el cálculo del porcentaje adicional que debe pagar cada empresa, podrían implicar ingresos de hasta un 65%, aunque no de inmediato pues dependería en buena medida de la amortización de las inversiones en las compañías.

YPFB también señaló, en oficio aparte, que ha anulado el proceso de licitación para contratar a la firma que debe hacer el avalúo de tres empresas privatizadas parcialmente y dos completamente privadas, de las que el gobierno, también en el marco de la nacionalización, se propone obtener el 50% más una de las acciones.

La determinación obligaría a dilatar las negociaciones con las empresas afectadas.

Ellas son: Andina, controlada por la hispano-argentina Repsol YPF; Chaco, por la británica British Petroleum; Transredes, por la anglo-holandesa Shell y la también británica Ashmore; Petrobras Bolivia Refinación S.A., de la brasileña Petrobras; y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), de capitales alemanes y peruanos.

 

 

AP