| 10/20/2007 12:00:00 AM

Bolivia: investigan paradero de ayuda venezolana

La Prensa señaló que el crédito estaba bajo la responsabilidad de la ministra de la Producción, Celinda Sosa, y que debía destinarse fundamentalmente a proyectos de desarrollo de la pequeña y microempresa.

La Paz_  El gobierno investiga el destino de 11 millones de dólares facilitados por el gobierno venezolano para créditos de desarrollo que habrían sido otorgados sin los justificativos necesarios, informó el sábado el diario La Prensa.

Una investigación del diario indicó que la falta de claridad en el uso de esos fondos llevó a Venezuela a cerrar en mayo una línea de crédito por 100 millones de dólares, y determinar que el dinero sea canalizado en parte a un plan del gobierno del presidente Evo Morales en favor de decenas de municipios.

La AP intentó comunicarse sin resultados con el embajador de Venezuela en Bolivia, Julio Montes, y con la misión diplomática de ese país en La Paz.

La línea de crédito había sido otorgada por Caracas al gobierno de Morales en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Tratado de Comercio de los Pueblos que impulsa el presidente venezolano Hugo Chávez, de los cuales son signatarios Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La Prensa señaló que el crédito estaba bajo la responsabilidad de la ministra de la Producción, Celinda Sosa, y que debía destinarse fundamentalmente a proyectos de desarrollo de la pequeña y microempresa.

La versión periodística agregó que se detectó la entrega de créditos por montos menores que los solicitados, aunque en la contabilización aparecen sumas mayores, y cartas de interesados solicitando la aceleración de la concesión del préstamos cuando la documentación oficial indicaba que ya se habían desembolsado.

La Prensa sostiene que intentó consultar sobre el asunto al asesor político de la ministra Sosa, Hugo Móldiz, pero que este le indicó que la única persona autorizada para hablar sobre él es la funcionaria.

Sostiene que "en enero de este año, los responsables de la Comisión Binacional integrada por funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Bolivia observaron la ausencia de contratos que justifiquen las operaciones y realizaron una auditoría sobre el caso. El proceso detectó que no existía documentación de respaldo".

 

 

 

AP

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