| 4/25/2007 12:00:00 AM

Bolivia: Inversionistas italianos no quieren negociar

El gerente de Comunicación Institucional de Entel, Eddy Luis Franco, dijo a la AP que la nota en la que se pidió al gobierno el cambio de sede para las negociaciones "fue enviada desde Italia" por ETI, que tiene el 50% de las acciones y la administración de la compañía.

La Paz.- Entel, la mayor operadora de Telecomunicaciones de Bolivia, confirmó el miércoles que su principal inversionista Euro Telecom Italia (ETI) no desea seguir negociando en este país la eventual venta de sus acciones al gobierno boliviano, sin dar más detalles.

Franco, en un programa emitido el martes en la noche por la televisora PAT, se refirió a título personal a la carta, de la que informó horas antes el gobierno, al manifestar que no entendía por qué el Ejecutivo rechaza la propuesta, puesto que ya negocia la compra de unas refinerías a la petrolera de Brasil Petrobras en el país vecino.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jerges Mercado, informó el martes a la prensa sobre la llegada de la nota y señaló que la respuesta del gobierno debería ser de rechazo, pues negociar fuera de Bolivia sería hacerlo "a espaldas del pueblo". Sostuvo que Telecom quiere que las charlas prosigan en Italia.

"Se quejan de ustedes, dicen que tienen mucha presión de parte de los medios de comunicación", dijo Mercado a los periodistas. En tanto el vicepresidente Alvaro García dijo el miércoles en la noche que no hay "fechas fatales" para alcanzar acuerdos y que las negociaciones con la italiana seguirán "de manera pausada y firme".

Un decreto promulgado por el presidente Evo Morales fijó el 30 de abril el plazo para cerrar acuerdos. García habló tras una reunión de gabinete presidida por el mandatario en la que se analizó el asunto. El gobernante proyectaba anunciar la "recuperación de Entel" el 1 de mayo, fecha en que celebrará un año de la nacionalización de los hidrocarburos.

Simultáneamente se difundían despachos de prensa en los que el canciller italiano Massimo D'Alema manifiesta, como antes lo hicieron otros funcionarios y también legisladores de ese país, preocupación por lo que en Roma se entendería como intentos del gobierno boliviano de imponer sus condiciones en las negociaciones.

Mercado había señalado la semana pasada que "en realidad" no se trata de una negociación, sino de dar parte a Telecom Italia de cómo procederá el gobierno de La Paz para hacerse de las acciones de su contraparte.

Paralelamente, el Ejecutivo emitió el lunes un decreto por el que ordenó a las dos administradoras de fondos de pensiones que operan en el país, y que administraban un 47% de las acciones de Entel que el gobierno de entonces transfirió en 1995 a más de tres millones de bolivianos, el giro de esas acciones a nombre del estado. Otro 3% es de trabajadores y socios menores.

Al respecto, el máximo ejecutivo de la administradora privada de fondos de pensiones (AFP) Previsión, Idelfonso Núñez, declaró el miércoles que junto con Futuro de Bolivia se vieron en la obligación de entregar en la víspera las acciones de los bolivianos, ante amenazas del gobierno.

"No tuvimos más remedio", dijo Núñez, al señalar que el decreto era "imperativo" y advertía a las AFP que si no giraban las acciones a nombre del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en 24 horas, éste las intervendría. Previsión pertenece al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), mientras que Futuro tiene como principal socio al grupo suizo Zurich Financial Services. En tanto, la oposición manifestó crecientes dudas sobre los objetivos y la legalidad de los esfuerzos del gobierno de tomar el control de Entel, que hasta 1995 fue del estado.

Los líderes de la principal fuerza opositora Podemos, el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), dijo que el decreto del lunes no es de nacionalización "sino una desbolivianización", porque se les habría arrancado a los bolivianos accionistas algo que era de su propiedad. El también dirigente opositor Samuel Doria Medina dijo que se trata de una "confiscación", mientras que algunos analistas advirtieron que la medida puede ser objeto de demandas legales por los afectados.

 

 

AP

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