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Bolivia garantiza provisión de gas a Brasil

El gobierno garantizó el lunes que los envíos de gas a Brasil no se verán afectados por la toma de una estación operativa de un gasoducto que alimenta las exportaciones a ese país, por parte de centenares de miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en demanda del pago de 9 millones de dólares a los propietarios.

21 de agosto de 2006

La paz

La agencia gubernamental de noticias ABI informó que el ejecutivo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, Mariano Dupleich, a tiempo de dar esas garantías, señaló que el gobierno ha iniciado negociaciones con la APG para que deponga las protestas.

Adelantó, sin embargo, que la empresa dueña del gasoducto, Transierra, debe ese dinero a la organización indígena. La firma es propiedad de la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y de la francesa Total.

"Yo estuve hablando el viernes con personal de Transierra y dijeron que no hubo cierre de válvulas, ellos estaban preocupados por las instalaciones, por eso justamente la reunión que convocó el Gobierno en Charagua", dijo Dupleich sobre las reuniones que sostiene el gobierno en esa población, 970 kilómetros al sureste.

Dupleich insistió en que no existe la posibilidad del cierre de válvulas, aunque no dijo en que basa su certeza, pues Transierra ha manifestado temor a que eso acontezca.

Según ABI, la APG "reclama a Transierra las inversiones prometidas como efecto de los impactos causados por la construcción y operación del gasoducto Yacuiba Río Grande, por donde se exporta gas boliviano hacia el Brasil".

Sin embargo, Transierra sostiene que el acuerdo entre ambas partes firmado en 2005 establece que el desembolso de los 9 millones de dólares debe hacerse en 20 años, y que ya pagó 255.887 dólares por ese concepto.

Pese a los anuncios del gobierno, el asesor en comunicación social de Transierra Hugo Muñoz, que tiene su sede en Santa Cruz, dijo a la prensa local que el consorcio no fue invitado a la reunión entre el gobierno y la APG.

Según informes de la prensa de Santa Cruz, unos 300 indígenas tomaron el domingo la estación de Parapetí, 1.000 kilómetros al sureste de La Paz, con la amenaza de cerrar las válvulas de la tubería para evitar la exportación de gas a Brasil.

Transierra dejo entrever que el gobierno no hizo nada para impedir la acción.

El viernes, la firma informó a la AP que buscaba denodadamente tomar contacto con algunos funcionarios del gobierno, pero que la iniciativa se había dificultado porque se encontraban reunidos para evaluar la gestión de siete meses del gobierno, que se extendió hasta el sábado, con el presidente Evo Morales.

Transierra ha advertido que sólo el encendido de un fósforo en las inmediaciones de la planta podría causar una explosión de un radio de un kilómetro.

Por la tubería pasan diariamente alrededor de 11 millones de metros cúbicos de gas, más del 40% de lo que Bolivia envía cotidianamente a Brasil.

El secretario de recursos medioambientales de la APG, Marcelo Claudio, dijo que Transierra pondría trabas burocráticas al desembolso del dinero, al señalar que la APG quiere administrar "de forma directa los recursos que Transierra se comprometió a entregar".

La organización no ha precisado cual sería su destino.

La APG no es parte orgánica del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), pero sus dirigentes han manifestado simpatías hacia el presidente Evo Morales.