| 5/13/2009 12:00:00 AM

Bogotá ofrece recompensas por datos sobre espionaje

BOGOTA  — En medio de constantes denuncias sobre interceptaciones telefónicas ilegales desde la policía secreta, el gobierno del presidente Alvaro Uribe rechazó el miércoles su responsabilidad en tales espionajes y anunció recompensas de unos US$90.000 para quienes aporten datos sobre sus autores.

El breve comunicado oficial, leído ante los reporteros en la casa de gobierno por César Mauricio Velásquez, vocero de la presidencia, salió al paso de nuevos reclamos de opositores políticos pidiendo que el gobierno fijara oficialmente su rechazo a esos casos denunciados de espionaje.

Además se han conocido en la prensa nuevos señalamientos en torno a que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o policía secreta, habría interceptado ilegalmente comunicaciones de candidatos a la presidencia durante los comicios generales del año 2006.

El "gobierno nacional reitera el rechazo y repudio a las acciones delictivas cometidas por ex funcionarios inescrupulosos que estuvieron enquistados en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyo evidente propósito ha sido desacreditar al gobierno", dijo la presidencia en su comunicado.

Sin citar ningún caso en particular de los espionajes denunciados en los últimos meses, el gobierno sólo agregó en su pronunciamiento el anuncio del pago de recompensas de hasta 200 millones de pesos ( US$90.000 ) para "las personas que con su información contribuyan a ubicar a los autores materiales e intelectuales de estos delitos".

El DAS, un cuerpo que depende directamente de la presidencia, ha sido el centro de un torbellino de denuncias desde febrero, cuando la revista Semana, citando fuentes anónimas, dijo que desde ese organismo se grababan conversaciones de magistrados, políticos opositores, periodistas e incluso altos oficiales de la policía.

Ministros del gobierno, como el jefe de la cartera del Interior, Fabio Valencia Cossio, han rechazado que la presidencia estuviera detrás de esas grabaciones.

Hasta ahora la Fiscalía General, que investiga el caso desde febrero y allanó las tres salas de interceptaciones telefónicas del DAS, desconoce quién ordenó tales grabaciones y cuál era el propósito de recabar tal información.

Desde el escándalo denunciado en febrero, al menos 33 funcionarios del DAS --incluyendo directivos de inteligencia y contrainteligencia-- han sido destituidos.

 

(AP)

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