| 7/16/2010 10:00:00 AM

Betancourt abrió debate sobre si cabe derecho a demandar por secuestro

La cuestionada demanda de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt para exigir al Estado una compensación económica por su secuestro puso al descubierto que no solo ella ha pedido ese resarcimiento, sino también que algunas organizaciones dan la razón a quienes lo han hecho.

Bogotá.- "Reconocemos el derecho que tienen las víctimas de demandar", dijo a Efe Claudia Llano, portavoz de la Fundación País Libre, una ONG que trabaja en la "prevención y lucha contra el secuestro, la extorsión, la desaparición forzada, y otras privaciones ilegales de la libertad" en Colombia.

Los colombianos se enteraron por el millonario pedido de Betancourt (6,84 millones de dólares), que despertó una amplia polémica y lluvia de críticas, que otro puñado de ex rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también demandaron al Estado por su cautiverio.

Sin embargo, las condiciones de cómo fueron secuestrados estos querellantes difieren de las de la ex candidata presidencial, que finalmente y ante el aluvión de críticas desistió de presentar su acción de conciliación.

"Yo no me arriesgué, a mí no me sacaron de un burdel, a mí me sacaron del centro de la ciudad. Yo estaba trabajando en el centro de Cali y el Estado no me prestó la seguridad", dijo el ex diputado Sigifredo López, quien permaneció mas de siete años secuestrado.

Algo similar expresó el congresista Jorge Géchem Turbay, tomado cautivo después de que un comando de las FARC, en una acción propia de una película de acción, forzó el aterrizaje de un avión de línea comercial en una carretera y apeó al político en el sur de Colombia para llevarlo a la selva y mantenerlo cautivo siete años.

La Fundación País Libre "reconoce el derecho que le asiste a cualquier colombiano de hacerlo" (demandar) y "es la justicia la que debe decidir", pero en el caso de Ingrid Betancourt y en el de los otros políticos, anotó a Efe Claudia Llano, portavoz de esa ONG, "hay una distancia, hay diferencias".

Betancourt "contaba con un esquema de seguridad, se le advierte de que no viaje, le hacen firmar un documento" en el que las autoridades salvan responsabilidades, pero ella "decide seguir adelante y por ello nos sorprendió su demanda", agregó.

En cualquier caso, subrayó Llano, "es un tema de altísima complejidad y hay que poner en su justa dimensión el conflicto colombiano. Lo mas importante es que la voz de las víctimas se escuche, se demande a los actores ilegales que los secuestraron y estos sean condenados internacionalmente".

El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, uno de los fundadores de País Libre hace 14 años, señaló que pese a que fue víctima de secuestro, "jamás" se le ocurriría demandar al Estado.

El 18 de septiembre de 1990, cuando era jefe de redacción del diario El Tiempo, Santos fue secuestrado por el ya desarticulado Cartel de la cocaína de Medellín, que lo mantuvo cautivo ocho meses para presionar al gobierno de César Gaviria (1990-1994) de que no extraditara a narcotraficantes.

Esta semana el contralor general (controlador de las cuentas públicas), Julio César Turbay Quintero, advirtió precisamente de la "insolvencia" en que podría declararse el Estado en caso de que se registrara un alud de demandas y que éstas prosperasen.

También Clara Rojas, ex candidata a la vicepresidencia de Ingrid Betancourt por el partido Oxígeno Verde en las elecciones de 2002, señaló que ella descartó "de plano" el hecho de poder demandar al Estado.

"Incluso demandé el hecho de demandar a la propia Ingrid y también descarté la posibilidad de demandar a la empresa norteamericana 'Chiquita Brand' por apoyo a las FARC", señaló recientemente Rojas.

Además de Sigifredo López y de Géchem, esta semana se supo que los también ex rehenes Orlando Beltrán, Gloria Polanco y Consuelo González de Perdomo igualmente presentaron millonarias demandas al Estado para compensar sus años de secuestro.

"No es poca la jurisprudencia que las altas cortes han emitido en cuanto a la responsabilidad que le corresponde al Estado a la hora de reparar los daños causados a los ciudadanos", recordaron analistas de prensa en los últimos días.

Según esos fallos y conceptos, "esta responsabilidad se circunscribe a las llamadas fallas del servicio, excluyendo la llamada culpa exclusiva de la víctima", que fue lo que pasó con Betancourt, anotaron los mismos análisis.

Un análisis de la última edición de la revista Semana señalaba igualmente que en el caso de Ingrid Betancourt "hay más responsabilidad individual que en prácticamente todos los otros secuestros del país".

Sin embargo, subrayaba, "de prosperar su demanda se presentaría una avalancha de acciones legales de personas que quizá tienen más justificación en echar la culpa al Estado y que, invocando el fallo a favor de Íngrid, podrían quebrar a la Nación".

 

EFE

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