Arranca alianza antifraude en Empresas de Servicios Públicos

Bogotá.- En la que fue su primera actividad del año tras la firma del Convenio Antifraude suscrito por seis de las más grandes empresas de servicios públicos del país, cerca de 150 agentes y oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá recibieron capacitación en técnicas que les permitirán afrontar con mayor éxito los crecientes delitos perpetrados contra la infraestructura de estas empresas, tales como el robo y el vandalismo, los cuales afectan constantemente la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Los cursos de capacitación serán dictados por funcionarios y delegados de las empresas comprometidas a los comandantes de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Metropolitana, así como a oficiales y suboficiales de la Sijín y la Sipol, entidades que fueron citadas por el Comandante de Policía de Bogotá en el marco de la cooperación inter-institucional trazada entre autoridades y empresas del sector para mejorar la prevención de estos delitos y la lucha contra sus manifestaciones más comunes, como robo y actos vandálicos perpetrados contra equipos y redes de las empresas del sector.

Tan sólo el año pasado se presentaron 88.085 acciones delictivas en contra de la infraestructura de las empresas de servicios públicos, generando mayores costos por $ 25 mil millones. Concretamente, los hechos delictivos citados tienen que ver con defraudación de fluidos, hurto de cables, medidores, tuberías y tapas de las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, energía, gas natural y telecomunicaciones.

El convenio que dio vida a la Alianza Antifraude fue firmado en diciembre pasado por Codensa S.A. ESP., Telefónica Telecom, EPM Bogotá S.A. ESP., ETB - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, EPM Telecomunicaciones S.A. ESP. UNE y Gas Natural S.A. ESP., compañías que se comprometieron a estrechar esfuerzos para atacar las acciones delictivas que directa o indirectamente atenten contra la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.

Los daños provocados por dichas acciones delictivas afectaron en total a 788 millones de usuarios en todo el país, lo que da una idea de la capacidad de afectación de este delito, para el cual se incrementaron las penas en virtud de los cambios en la legislación penal y procesal aprobados en junio de 2007 por el Congreso de la República, gracias a los esfuerzos hechos en este sentido por el Gobierno, la Fiscalía General y las empresas agremiadas en Andesco.

La alianza contempla la adopción de una estrategia común que les permita a las empresas intercambiar información y emprender acciones conjuntas en cuatro áreas de trabajo: jurídico y de gobierno, social y de comunicaciones, técnico, y de seguridad, con el respaldo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En el último año, las empresas suscritas en la alianza han invertido $ 6.500 millones en acciones preventivas y de cuidado a la infraestructura. De ahí, la necesidad de constituir alianzas estratégicas con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio al usuario y la sociedad en general.

Asimismo, se busca comprometer a la comunidad a denunciar todo tipo de actos que atenten en contra de la calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.