| 2/27/2009 12:00:00 AM

Agro argentino alerta por presunta estatización comercio granos

BUENOS AIRES  — Las entidades rurales, que retomaron el diálogo con el gobierno esta semana tras casi un año de conflicto por la política fiscal hacia el sector, advirtieron el viernes que resistirán una supuesta estatización del comercio exterior de granos.

La versión sobre la posible estatización fue difundida por los principales diarios. Según La Nación, el proyecto impulsado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) --el ente recaudador de impuestos-- establecería la creación de un ente oficial que monopolizaría la compra y venta de granos, harinas y aceites con el fin de abastecer el mercado doméstico y exportar los saldos.

Ante la consulta de AP, la oficina de prensa de AFIP declinó hacer comentarios al respecto.

"La medida excede a la imaginación de cualquiera de nosotros y va a ser resistida fuertemente por el sector agropecuario", dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina Hugo Biolcati a radio 10.

"Lo que sería interesante es armar un organismo público que compita con los privados en una sana competencia, pero el monopolio es malo sea público o privado y eso sería una barbaridad", añadió el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Ulises Forte en dialogo con radio Continental. "Estatizar el mercado generaría un monopolio público", añadió.

Según La Nación y Clarín, con la difusión del proyecto el gobierno buscaría presionar a los productores para que vendan el remanente de la última cosecha de soja que mantienen en sus campos --estimado entre 5 y 9 millones de toneladas-- y así recaudar varios cientos de millones de dólares por impuestos en un año con las cuentas ajustadas.

Argentina es uno de los mayores proveedores mundiales de soja, maíz, trigo y carne vacuna. La caída en el rendimiento de la producción agropecuaria por la peor sequía en décadas y la baja en el precio internacional de los granos, tendrá un fuerte impacto en su economía.

Analistas privados estiman que durante la próxima campaña el sector agropecuario sufrirá pérdidas por unos US$5.000 millones . El Estado, por su parte, perderá al menos US$4.300 millones en ingresos por exportaciones e impuestos al sector en un año con abultados vencimientos de deuda, dificultades para acceder al crédito por la crisis financiera global y elecciones legislativas.

"El gobierno probablemente esté usando esto como una amenaza para forzar a los productores a vender los granos de cosechas anteriores y reforzar su posición en las negociaciones (con el sector)... El hecho de que el gobierno haya filtrado la información en lugar de aplicar directamente la medida es inusual y sugiere que probablemente esto no sea una decisión tomada", escribió Daniel Kerner, analista para América Latina del Eurasia Group de Nueva York, en una carta a inversores.

"Sin embargo, el gobierno está cada vez más preocupado por su posición fiscal y buscaría tener acceso directo a muy necesitados dólares. Ya que la amenaza probablemente no surta efecto, las posibilidades de que el gobierno siga adelante con la estatización aumentarán... Si el gobierno efectivamente estatiza el comercio de granos desencadenaría una nueva ola de protestas masivas que lanzarían al país a una crisis política", añadió.

La versión echó a rodar apenas tres días después de que el campo y el gobierno volvieran a sentarse a la mesa de diálogo, tras casi seis meses de desencuentros, para discutir medidas que permitan aliviar la crisis que atraviesa el sector.

El gobierno se comprometió a adoptar medidas en favor del sector lácteo y de las economías regionales pero mantuvo su negativa a disponer una baja en los gravámenes a la exportación de soja, trigo y girasol (retenciones) que el año pasado desataron una rebelión rural que se convirtió en la primera y hasta ahora mayor crisis en la gestión de la presidenta Cristina Fernández.

La mandataria mantiene una tensa relación con el sector desde que en marzo del año pasado intentó imponer un esquema tributario que ataba las retenciones al precio internacional de los granos.

La reforma impositiva, que en julio fue finalmente rechazada por el Congreso, desembocó en varias huelgas agropecuarias y bloqueos de rutas que durante cuatro meses paralizaron el país y afectaron el abastecimiento de alimentos.

 

(AP)

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