“No olvidar que la licencia del proyecto ‘Los Ciruelos’ fue otorgada en el gobierno pasado. El bosque seco no se puede afectar. Así de claro”, dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre el polémico proyecto en el Parque Tayrona.
El mandatario coincide con las declaraciones del Ministerio de Ambiente, en el sentido de que
está en duda la viabilidad del proyecto turístico, a pesar de que ya cuenta con licencia ambiental.
“Funcionarios de este gobierno saben bien que la prioridad en el caso del Parque Tayrona es la conservación del parque por encima de todo”, agregó el primer mandatario, en medio del álgido debate que suscitó el otorgamiento de esa licencia.
En efecto, la licencia fue otorgada a mediados de 2009 y suspendida en noviembre de 2011, luego de que se generara todo el debate del caso por la
construcción del hotel en medio del parque natural.
Pero según reconoció el propio ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, la licencia se otorgó de nuevo el 27 de diciembre de 2012, lo que agudizó la polémica que venía de un año atrás.
El debate apenas está comenzando y el gobierno nacional
deberá analizar las posibles consecuencias que traería la revocatoria de una licencia ambiental ya otorgada, ya que los empresarios podrían alegar cambios en las reglas del juego.
El ‘meollo’ del asunto
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitió un comunicado de cuya interpretación se deduce que el centro del debate tiene que ver con un inexplicado cambio de posición de la Unidad de Parques Nacionales respecto de los impactos ambientales del proyecto.
La antigua Dirección de Licencias del entonces Ministerio de Ambiente
otorgó licencia el 3 de abril de 2009 a la empresa Reserva Los Ciruelos, para el desarrollo del proyecto ecoturístico Los Ciruelos, ubicado en el Parque Nacional Natural Tayrona.
Esta aprobación contó con el concepto técnico de viabilidad emitido por la Unidad de Parques Nacionales Naturales en enero de 2009, que viabilizaba la construcción de 12 eco-cabañas, dos cabañas para administración, dos muelles de acceso y dos flotantes. El área total del proyecto es de aproximadamente tres hectáreas.
De no ser porque las autoridades ambientales evidenciaron que en el sitio licenciado se estaba realizando
la perforación exploratoria de dos pozos de aguas subterráneas por fuera del área autorizada, el permiso nunca hubiera sido suspendido.
Una vez la ANLA confirmó el sellamiento de los pozos y la restauración del área afectada, en 2012, procedió a levantar las medidas preventivas que tenían suspendida la licencia ambiental.
Finalmente, lo que está por confirmar es la razón por la cual la Unidad de Parques Nacionales Naturales pide “adoptar nuevas medidas para evitar la posible generación de un daño inminente sobre los ecosistemas de bosque seco tropical”, a pesar de que ya había emitido un concepto técnico de viabilidad del proyecto en 2009.
Es por eso que la ANLA pidió a la Unidad de Parques Nacionales Naturales determinar las razones que la llevaron a cambiar su posición técnica respecto de las condiciones de viabilidad ambiental del proyecto.