El director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones renunció en un momento en que el Procurador General, Alejandro Ordóñez, empezaba a ejercer presión para que se diera un veredicto sobre la recusación que impuso Claro a Rebellón por haberse desempeñado como asesor de UNE.
El hecho dejaría impedido al funcionario para tomar decisiones que permitieran atenuar la posición de dominio de Claro en los servicios de voz, que desde hace tres años fue declarada por el regulador.
La reacusación de Claro se dio porque, a juicio de esta empresa, Rebellón como asesor de UNE recomendó la medida de cargos asimétricos.
Esta recusación estaba a punto de cumplir cerca de un año, lo que ha congelado las acciones contra la posición de dominio de Claro.
El tema llegó incluso hasta el Consejo de Estado, que le ordenó a la Procuraduría pronunciarse sobre este hecho y la recomendación del procurador Ordóñez se conoció el jueves 13 de septiembre.
En días pasados, en la W Radio, el procurador Ordóñez dijo que
la decisión se adoptó para garantizar que no existiera manto de duda “en relación con la imparcialidad que pueda tener Carlos Andrés Rebellón por haber emitido concepto o consejo a la gerencia de regulación de la empresa UNE sobre el contenido referido en un documento cuando estaba al servicio de dicha empresa".
La Revista Dinero, en su actual edición, llamó la atención sobre las implicaciones que podrían darse: “si la estrategia jurídica de Claro se toma como ejemplo, lo que se viene en el sector es una andanada de recusaciones contra funcionarios públicos por su pasado en las empresas que hoy compiten en el mercado”, señala el artículo.
En ese sentido, algunos jugadores del sector advirtieron que, el paso de actuales funcionarios por diferentes empresas,
se podría convertir en un traspiés para el proceso de subasta y asignación del espectro con miras al desarrollo de la tecnología 4G.
En el sector se especula que podrían venir recusaciones contra Óscar León, hoy director de la Agencia Nacional del Espectro, quien por años laboró en Comcel –hoy Claro-, e incluso contra el mismo ministro Diego Molano, que fue funcionario de Telefónica.