Bastante polémica levanto la reciente aprobación en el Congreso de la reforma a la justicia. Entre otras razones porque extiende los periodos de magistrados de ocho a doce años, por el lado de los parlamentarios se dice que revive la figura de la inmunidad parlamentaria al evitar que estos sean denunciados anónimamente y no puedan ser capturados para investigación sino hasta que exista resolución de captura.
Sin embargo hay dos factores que han pasado casi desapercibidos pero que afectarían de manera definitiva la independencia presupuestal de la rama y también encaminarían hacia la privatización de la misma.
En primer lugar la ley prevé un presupuesto de $2 billones para el funcionamiento de la justicia, los cuales serian desembolsados durante los próximos cinco años. Del otro lado está la posibilidad de que particulares asuman, procesos judiciales. De este modo abogados y notarios podrían ser asignados en funciones de los jueces.
La controversia con el presupuesto
Estas medidas afectarían en gran medida la estabilidad de la rama judicial y entrarían a beneficiar al sistema financiero nacional.
Según María del Pilar Arango presidenta del Observatorio Nacional de Administración de Justicia, el aumento presupuestal no sería transferido directamente, puesto que la misma reforma plantea que estos recursos podrían ser otorgados en forma de bienes y servicios.
Esto daría pie a que se contraten terceros como afirmó en su momento el Ministerio de Hacienda. De este modo en lugar de recibir presupuesto para invertirse en lo que la rama considere necesario, se estaría dando como parte de pago, a través de contratos con terceros, objetos como computadores e incluso implementos de oficina justificando así una porción de la asignación.
Del mismo modo este dinero estaría sujeto a previa incorporación a documentos Conpes, lo que significa que la rama perdería su autogobierno financiero y se supeditaría a las disposiciones del ejecutivo en cabeza del presidente ya que es él quien dispondría de estos recursos según lo vea conveniente y ya no seria necesaria una reforma constitucional para regular este punto.
Esto según muchos críticos de la norma, estaría regresando el sistema de administración de recursos de la justicia a como estaba definida antes de la Constitución del 91.
¿Pagar por la justicia?
La reforma otorgaría a funcionarios aparte de los jueces funciones que son propias de estos, por ejemplo, entrarían a resolver procesos judiciales en trámite como los ejecutivos, también llamados cobros jurídicos para hacer valer deudas pendientes.
Esto se justifica debido a que el gobierno nacional había dicho que existe un represamiento de 2.5 millones de procesos judiciales. Sin embargo, esta cifra según el último informe de desempeño que presenta la Rama Judicial contradice esta cifra expresando que el represamiento real de procesos que superan más de un año en trámite es de 503.579.
Estas facultades que las tendrían notarios y abogados particulares, aún quedarían pendientes de regulación, sin embargo, de acuerdo a lo expresado en el texto de la ley existirían unas tarifas que se pagarían a estas personas con el fin de que se encarguen de estos procesos y agilizar el sistema.
Por lo tanto el acceso a la justicia para las personas naturales comenzaría a privatizarse dejando de ser netamente estatal. La preocupación del observatorio es que no solo se vería entorpecido el acceso a la justicia sino que las grandes beneficiarias serían las entidades bancarias ya que estas son las titulares del 72% de los cobros pendientes por vía jurídica, como en su momento lo manifestó el Senador del Polo Democrático Parmenio Cuéllar.
Aún la reforma tiene que pasar el visto bueno de la Corte Constitucional, lo que aun mantiene viva la batalla entre quienes la apoyan y la contradicen.