Una investigación de la Contraloría General de la República revela que
la Aerocivil habría adjudicado la remodelación de la torre de control del Aeropuerto Internacional ElDorado a una firma que realizó una propuesta más costosa y con menores especificaciones de calidad.
Según el ente de control,
una primera propuesta se realizó en 2010 por $20.124 millones. La segunda, según el contralor delegado para la infraestructura Nelson Izaciga, fue por cerca de $45 mil millones. A ésta última se le cedió el contrato.
En entrevista con Caracol Radio, Izaciga explicó que “se adjudicó la construcción de una torre 10% menos alta con relación a la propuesta del 2010, que se otorgó por 80 metros y en el 2010 era de 88 metros; el fuste que era de 12 metros ponen de 6 metros de diámetro, es decir, lo reducen a la mitad; el espesor que era de 50 cm, lo pasan a 30cm; y la cimentación y pilotaje que era de 45 metros lo bajan a 42 metros”.
De acuerdo con lo anterior,
se presentó un sobrecosto por $23 mil millones con el segundo contrato otorgado.
Frente al tema,
la Aeronáutica Civil asegura que fue muy cuidadosa y respetuosa de la legislación vigente para adelantar los procesos necesarios que concluyeron en la contratación de la construcción de la Torre de Control y Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia para el aeropuerto de El Dorado a precios de mercado.
Explica que
para el debido proceso adelantó una consultoría con un experto en el tema aeroportuario (Consorcio INECO+GOP), quien entre otras obligaciones tuvo bajo su responsabilidad realizar el estudio de mercado atendiendo los principios rectores en materia de contratación estatal, para lo cual fue tenida en cuenta y analizada la propuesta presentada por el Concesionario OPAIN S.A., en el año 2010.
También aclara que
el presupuesto presentado por el Concesionario Opain de manera preliminar fue de $35,425 millones y no se encuentra al nivel de detalle que permita afirmar que existe un sobrecosto por la cuantía de $23,362 millones.
Por ello,
la Aerocivil pone a disposición de los entes de control los estudios de mercado y demás documentos que evidencian que la contratación se efectuó en debida forma y en todo caso ajustado a los precios de mercado.