El secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dijo en la misiva que “
meterse con el río Magdalena es meterse con el más sagrado y ancestral recurso de los colombianos. No podemos dejar que nos hagan esto, a tanto no puede llegar nuestra indiferencia”.
El pronunciamiento del grupo guerrillero,
que no suele referirse a temas ambientales y que en general comenta asuntos políticos, surge luego de que la semana pasada el Gobierno ratificara que la construcción de la hidroeléctrica seguiría adelante y que "había un grupo de gente que manipulaba" protestas en contra de la obra.
Las Farc dijeron que
"nadie puede tragarse el cuento de que los inciertos millones de pesos o de dólares que producirá en un futuro la obra, tendrán por objeto el desarrollo de las comunidades más pobres del país. El gran negocio será para los inversionistas extranjeros".
En febrero de 2011 el presidente Santos colocó la primera piedra para la construcción del proyecto "El Quimbo", una central hidroeléctrica con una potencia instalada de 400 megavatios.
Se espera que la central esté lista en 2015, tras una
inversión de más de US$800 millones por parte de empresas privadas multinacionales como Emgesa, filial de Endesa Internacional, de origen español y en cuyo capital accionario participa la Empresa de Energía de Bogotá.
La hidroeléctrica, ubicada en el departamento de Huila, ganó la atención de los medios en las últimas semanas debido a que circuló en las redes un vídeo de 14 minutos llamado "El vídeo que el gobierno colombiano no quiere que veamos".
En el video se observa a agentes policiales evacuando por la fuerza, con gas lacrimógeno, a un grupo de personas -la mayoría pescadores del Magdalena y mineros- que protestan contra la represa.
Santos ha reconocido que al menos uno de los manifestantes resultó herido en un ojo por la policía en el desalojo, ocurrido el 14 y 15 de febrero, de acuerdo con el video.
Bladimir Espitia Sánchez, un periodista y productor audiovisual de 29 años que es autor del vídeo, ha denunciado amenazas contra su vida, mientras que la Fundación para la Libertad de Prensa ha dicho que el reportero debió abandonar Huila y esconderse debido a las amenazas, cuyo origen aún no ha sido definido. AP