La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Juan Manuel Ospina, porque cuando se desempeñaba como gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), modificó el manual de funciones para favorecer a una socia suya y nombrarla subgerente de Seguimiento y Asuntos Étnicos de la entidad.
Según el Ministerio Público, 15 días después de ser nombrado gerente general, Ospina modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para aparentemente adicionar profesiones que le permitieran a su socia Paola Jimena Hernández acceder al cargo.
Para la Procuraduría, “
se evidencia que el gerente pudo tener un interés particular y directo de beneficiar a su socia de derecho de la empresa “Contextos Públicos LTDA”, atentando contra los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que rigen la función pública”.
El
Ministerio Público consideró que se vulneraron los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que, según los artículos 123 y 209 de la Constitución Política de Colombia, rigen a los servidores públicos al servicio del Estado.
Además
viola el Código Único Disciplinario en su artículo 34 que señala que “se debe cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función”.