Este jueves dos de febrero se celebra del Día Internacional de los Humedales. La Contraloría General de la República revisó la gestión de las entidades públicas frente al manejo y uso de los humedales interiores en el país durante la última década, y encontró una situación realmente preocupante.

Se evidenció que Colombia no cuenta con estadísticas unificadas confiables sobre el número de humedales, su estado y extensión.

La CGR ha identificado en todo el territorio nacional cerca de 1.500 humedales y complejos de humedales, cifras que difieren de las entregadas por el Gobierno. Al no haber datos exactos se calcula que existen 3 millones de hectáreas de humedales, extensión que ha disminuido dramáticamente si se considera que en el año 2000 se hablaba de 20 millones de hectáreas.

Mediante una acuciosa revisión de información de todo el país, encuestas a las comunidades, autoridades ambientales y ONG´s, y visitas de campo, la Contraloría encontró que la principal actividad que impacta a los humedales es la extracción de terrenos de humedal para actividades agrícolas. Y, debido a la escasa gestión de algunas entidades territoriales, se ha permitido que estos terrenos de la Nación pasen a particulares y entren al sistema productivo, como el caso de la Laguna de Fúquene, dedicada a la ganadería lechera, y La Mojana Sucreña, con producción ganadera de búfalos y cultivos de palma.

Otras actividades identificadas por el ente de Control que afectan a la mayoría de humedales son la pesca sin ningún control y la construcción de canales y diques.

Para la Contraloría, es preocupante la escasa delimitación y zonificación de la mayoría de los humedales, principalmente en la Costa Atlántica, región donde se ubica el 71% de los grandes humedales localizados en Colombia. Esta situación se agrava al no existir criterios claros para su formulación.

La Contraloría revisó la mayoría de Planes de Manejo de estos ecosistemas y encontró debilidades recurrentes tales como problemas en las delimitaciones, poca coordinación y acciones con los municipios y nula inclusión de la gestión de riesgo.

Además, se detectó que existen rezagos en la formulación de programas de conservación para especies amenazadas en zonas de humedales, toda vez que solamente el 6% de ellas cuentan con un documento de este tipo.