Los estudios muestran las nuevas dimensiones del impacto de la violencia en las economías latinoamericanas, que van desde el peso que tienen los niños al nacer hasta el valor de las propiedades.
Los trabajos fueron el resultado de un concurso convocado por el BID para
medir con metodologías apropiadas e innovadoras el costo del crimen y la violencia en la región. De las 117 propuestas recibidas,
ocho fueron seleccionadas para ser presentadas por sus autores en un seminario hasta este viernes en la sede del BID. Los hijos de las mujeres que han sufrido una violencia intrafamiliar tienen más riesgo de nacer con bajo peso, y pueden sufrir una salud más precaria, pues se vacunan menos y tienen más riesgo de sufrir diarreas, según un estudio realizado en siete países de la región.
En Brasil, un mayor sentido de inseguridad reduce el valor de las rentas que perciben las viviendas en las zonas urbanas, agregando US$13.000 millones al valor de las propiedades. Las embarazadas brasileñas que viven en zonas rurales con altos índices de homicidios tienen más probabilidades de que sus bebés nazcan con bajo peso (menos de 2,5 kg), por citar algunos ejemplos.
En México, el aumento del 1% en el número de homicidios tiene como consecuencia la caída del 1,8% del precio de mercado de las viviendas.
En Uruguay, el costo económico de la violencia alcanza unos US$1.200 millones al año, lo que equivale al 3,1 por ciento del PIB. La violencia y el crimen constituyen la mayor preocupación de las poblaciones de América Latina y el Caribe, superando otros temas como el empleo y la salud. La región padece tasas de homicidios y delitos que están entre las más altas del mundo y el nivel de confianza en las instituciones públicas como la policía está entre las más bajas.
“El crimen tiene costos tangibles directos como los gastos en mantener infraestructuras privadas y públicas para combatir y prevenir el crimen”, dijo Ana Corbacho, economista asesora sectorial de Instituciones para el Desarrollo del BID, que realizó la convocatoria.
“Pero las implicancias para el bienestar del crimen son potencialmente mucho mayores. El crimen no solo victimiza a individuos, siembra la desconfianza en las instituciones públicas”. En México, los municipios con mayores niveles de violencia provocada por los cárteles del narcotráfico durante 2006–2010 tuvieron un consumo de electricidad —un indicador alternativo del PIB— tuvo un rezago de 6,8% por año frente a localidades menos violentas.
Los municipios con las tasas más altas de homicidio también experimentaron una reducción en su tasa de empleo y niveles más bajos de propiedad empresarial.
En Uruguay, la consecuencia del crimen suma US$319 millones, e incluyen los costos de la propiedad robada, de la oportunidad del tiempo en prisión, de los homicidios, y los costos intangibles de víctimas de otros crímenes.
Otro estudio pone foco en los problemas de la delincuencia juvenil.
En Colombia, los jóvenes que son capturados y enjuiciados tienen hasta un 15% menos de probabilidades de acudir al sistema de educación formal, lo que representa 0,9 menos años de educación. “Una mejor estimación de los costos económicos de la violencia y del crimen ofrece información vital para tomar decisiones de política pública en el sector de la seguridad ciudadana”, dijo Gustavo Beliz, especialista del BID que coordinó el emprendimiento.
“Permite una discusión más sólida respaldada en datos entre los diferentes entes públicos, incluyendo las áreas de seguridad, de economía, planeamiento y presupuesto, para que las políticas de prevención de la violencia constituyan verdaderas políticas de Estado”.
Plataforma Seguridad Ciudadana de la División de Fortalecimiento de las Instituciones del BIDLa plataforma de seguridad ciudadana del BID tiene una cartera de proyectos ya terminados o en camino de más de US$450 millones.
Busca apoyar las instituciones públicas para que puedan mejor prevenir la violencia y el crimen con acciones que incluyen acciones de prevención social enfocadas en el fomento de más oportunidades para jóvenes, mejoras de los entornos y espacios públicos, fortalecimiento de la gestión policial, la justicia penal y la rehabilitación.