El Consejo de Estado falló, a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la más cuantiosa demanda instaurada por particulares contra la Nación, que ascendía, cuando fue i
nterpuesta, a $594 billones.
La pretensión de los demandantes era equivalente a tres veces el presupuesto general de la Nación de 2013 que asciende a $185 billones e indexada a casi dos veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La demanda, fallada en segunda instancia por el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, fue instaurada el 17 de junio de 2003 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por la familia Durango.
Según el “Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2012”, la pretensión de la demanda en contra del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, en liquidación, actualmente a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tenía un valor de $594,24 billones constantes de 2003, que indexado a diciembre de 2010 ascendía $834,12 billones.
Los demandantes pretendían la reparación del daño por la presunta imposibilidad de explotación económica de 1.926 kilómetros cuadrados del predio denominado "Tierras del Oriente Antioqueño”.
Dichas tierras comprenden zonas urbanas y rurales de diferentes municipios del departamento del Antioquia como Carmen de Viboral, Cocorná, El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, Sonsón, Puerto Berrío y Puerto Nare, sobre las cuales se inició la extinción de derecho de dominio a favor de la Nación en 1964.
El 27 de octubre de 2009 el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió el fallo en primera instancia, favorable a la Nación, el cual fue apelado por el demandante.En su providencia el Consejo de Estado absolvió a la Nación por cuanto la pérdida de la posesión material de los bienes sobre los cuales se reclamaba la reparación, no fue producto del comportamiento activo u omisivo del INCORA.
En otras palabras: no existe relación alguna entre el daño reclamado por los demandantes y el actuar por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria toda vez que la familia Durango perdió la posesión y tenencia sobre los terrenos desde antes que se iniciara el trámite de extinción del dominio agrario.