“850.000 hectáreas han sido arrebatadas a sus dueños”

El proceso de restitución de tierras, uno de los programas bandera el gobierno de Juan Manuel Santos, no ha sido miel sobre hojuelas. Colombia no disponía hasta ahora de un registro confiable sobre titulación de tierras y el Estado tampoco tenía la certeza de que varias de ellas están siendo objeto de disputas en despachos judiciales.

Cumplido un año de la vigencia de la Ley de Víctimas, en la que la reparación y de estas y la restitución de sus tierras son componentes neurálgicos, el superintendente Jorge Enrique Vélez hace un balance de la situación:

Son frecuentes las críticas sobre falta de estudios serios sobre titulación de tierras en Colombia. ¿Las comparte usted?
La ley de víctimas propuso la creación de un Registro de tierras despojadas y abandonas forzosamente. Así que estoy de acuerdo con que son necesarios estudios sobre la naturaleza de la tradición de las tierras en Colombia para acertar en el proceso de restitución. Estamos reconstruyendo la historia de la tierra en Colombia y esa es una tarea compleja..

¿Cuántas hectáreas se han estudiado?
El estudio hasta ahora abarca el diez por ciento de la totalidad de las tierras con problemas en su titulación. Se ha detectado que 850 mil hectáreas han sido despojadas de sus propietarios que pueden ser particulares o del Estado.

¿Cuáles son las zonas estudiadas?
Básicamente, aquellas que han sufrido el fenómeno del desplazamiento forzado. La reparación a las víctimas se debe enfocar, a la luz de la ley, en las regiones como Urabá (antioqueño y chocoano), San Martín, Meta; Altillanura, Montes de María y Cesar.

¿Está funcionando el proceso de restitución?
La justicia esta operando en los tres frentes de reparación. Jurídicamente cuando se trata de particulares. Penalmente, por medio de la fiscalía, cuando son predios adquiridos ilegalmente. Finalmente, los terrenos baldíos o del Estado que los reparte el Incoder.

Algunos terrenos se encuentran en pleitos porque fueron adquiridos por la vía de la ocupación. Los terrenos abandonados suelen verse como baldíos pero no lo son. Después de diez años de ocupación, el terreno puede ser de quien habita en él. Es el caso de Las Pavas, en el sur de Bolívar.

Las tierras de Jesús Emilio Escobar fueron abandonadas y ocupadas por una organización de familias campesinas (Asocab) y tomaron posesión de la propiedad. Cuando ya eran una comunidad prospera fueron desplazados por los paramilitares. Posteriormente, ese terreno fue comprado por dos empresas palmicultoras, pero el terreno había entrado en un proceso de extinción de dominio. Al final el Incoder les otorgó los títulos de propiedad a Asocab.

¿Qué responsabilidad tienen servidores públicos en posibles anomalías en la titulación?
En los estudios se detectó la participación de funcionarios y notarios los cuales ya se encuentran con investigaciones penales. De los 27 funcionarios de la Superintendencia de Notariado, diez se encuentran condenados. También se encuentran privados de la libertad cuatro notarios de las zonas de Curvaradó y Jiguamiandó.

¿Cuáles son las principales conclusiones de los estudios
Entre las primeras conclusiones del estudio se ha demostrado que el despojo de tierras no solo lo realizan los actores armados sino que también los particulares se apropian de terrenos baldíos vecinos a sus propiedades. La práctica más común es la modificación de linderos, es decir, correr la cerca para obtener más terreno.