Aunque todavía debe recibir el respaldo del pleno de la Eurocámara, l
a comisión parlamentaria recomendó -con 54 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención- que los eurodiputados den su consentimiento al acuerdo, si bien su punto de vista es sólo consultivo.
Es la C
omisión de Comercio Internacional del Parlamento la que tiene en sus manos emitir la opinión definitiva sobre el acuerdo, sobre la que se basará el pleno para dar su veredicto final.
El tratado, que la UE y Colombia y Perú terminaron de negociar en 2010, atraviesa desde entonces un largo proceso de ratificación que se ha demorado por la traducción del texto a las 23 lenguas oficiales de la Unión y las comprobaciones jurídicas pertinentes.
Sólo
podrá entrar en vigor cuando reciba el visto bueno de los parlamentos nacionales de Colombia y Perú y de la Eurocámara.
Precisamente,
el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, recalcó la inclusión del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, dentro de las 15 iniciativas consideradas como prioritarias de la agenda legislativa de la mesa de Unidad Nacional.
El acuerdo fue suscrito el 26 de junio de este año y es de gran relevancia para el crecimiento económico y social del país.
Con éste Colombia llegará a 503 millones de consumidores de 27 países que conforman este bloque regional.
“
Se benefician los empresarios colombianos al tener una relación comercial preferencial y permanente en un mercado con alto poder adquisitivo, así como el poder importar sin aranceles, las materias primas y maquinarias para repotenciar sus empresas. Es de gran importancia para los consumidores locales al contar con una oferta más variada en cuanto a productos, precios y calidad”, agregó el Ministro Díaz-Granados.
El informe aprobado, al que no se le introdujeron enmiendas y del que fue ponente el eurodiputado español del Partido Popular José Ignacio Salafranca, argumenta que
el comercio con Colombia y Perú "forma parte del proceso de reforzamiento de las relaciones con los países de América Latina y el Caribe y consolidar la asociación birregional".
También recuerda que
el acuerdo contiene una cláusula democrática que recoge la suspensión unilateral del mismo si alguna de las partes incurre en la violación de derechos humanos o laborales, y que prevé específicamente mecanismos de consulta con la sociedad civil y la aplicación de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Destaca, además, que
crea una estructura "recíproca" y "negociada" para la gradual liberalización de intercambios de bienes y servicios, las compras públicas y acciones para fomentar las inversiones.
En opinión de esta comisión parlamentaria,
el tratado definirá un marco legal "predecible", que considera "esencial" para incentivar el comercio y las inversiones.
Por último, el informe subraya que
el tratado "deja la puerta abierta" a que otros países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) -Ecuador y Bolivia- "se unan al acuerdo", lo que a su juicio confirma la voluntad original de la UE de lograr un pacto conjunto con todos esos estados.
"El
tratado comercial con Perú y Colombia no puede considerarse como un marco definitivo para la relación entre la UE y esos países", puntualiza el informe.
Al contrario, considera que
la UE debería reforzar sus mecanismos de cooperación con esos países y el resto de la Comunidad Andina, "manteniendo una perspectiva decisiva y amplia como socios iguales en el combate contra la desigualdad social, en favor del desarrollo inclusivo y en la constante lucha por superar los desafíos sociales, económicos y políticos que persisten".