La sostenibilidad fiscal establece el trámite del Incidente de Impacto Fiscal y, como principio, permitirá al país avanzar en la construcción de unas finanzas públicas sanas para cumplir con los derechos fundamentales de los colombianos que bajo ninguna circunstancias se afectarán.
Este instrumento permite alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho y hace que la actividad estatal se encamine prioritariamente a la consecución y solución de necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable.
Fue creado en el Acto Legislativo de 2011 y da la posibilidad al Procurador General de la Nación y a los ministros de solicitar la apertura del incidente cuando consideren que los fallos de una de las Altas Cortes afecten las finanzas Públicas.
Una vez se haya surtido el trámite que se desarrolla mediante esta iniciativa, el juez procederá a modular, modificar o diferir en el tiempo los efectos del fallo, brindando la capacidad al Estado de manejar mejor sus recursos.
De acuerdo con el proyecto “La sostenibilidad fiscal es importante para el progreso económico y social de un país en la medida en que el sector público busca que, ante una determinada y limitada capacidad para recaudar ingresos y poder acceder a recursos de financiamiento, la política de gasto pueda mantenerse o sostenerse en el tiempo, de manera que en el mediano y largo plazo se logren importantes objetivos públicos, como la reducción de la pobreza y la desigualdad y la equidad intergeneracional, y un crecimiento económico estable”.
La sostenibilidad fiscal es un principio que debe orientar a las ramas y órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.