Dinero.com

Publicado: 21/02/2013

¡Rajados!

¡Rajados!

Las calificadoras de riesgo están nuevamente en el ojo del huracán en diferentes partes del mundo. Colombia no es la excepción.

La decisión del gobierno estadounidense de demandar a la calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) revivió el debate sobre el papel que han jugado las calificadoras durante la crisis financiera.

El fiscal general de ese país, Erick Holder, presentó una demanda civil por US$5.000 millones contra la mayor calificadora del mundo, acusándola de defraudar a los inversionistas al asignar deliberadamente notas infladas a bonos hipotecarios riesgosos con el fin de lucrarse, evidenciando un claro conflicto de intereses. Con esto, “S&P contribuyó a elevar la posición de bancos e inversionistas en este tipo de instrumentos, lo cual llevó finalmente al estallido de la burbuja inmobiliaria”, afirmó.

Pero, si en Estados Unidos llueve, en Colombia no escampa. En nuestro país, el papel de las calificadoras no ha estado ausente de controversias que van desde la asignación de la máxima calificación a los bonos de la Concesión Bogotá-Girardot hasta su cuestionado rol en la reciente quiebra de InterBolsa, que unas semanas antes de su intervención era considerada un “buen riesgo de contraparte”.

Por esto surge la pregunta de si en nuestro país podría prosperar una demanda contra las calificadoras, similar a la que se inició en Estados Unidos, o si, al menos, se requieren cambios regulatorios para evitar este tipo de desaciertos.

Consultados por Dinero, algunos abogados expertos en el mercado de valores no descartaron que esto pudiera ocurrir e incluso hablaron de un antecedente: cuando Fitch compró Duff & Phelps –hace seis años– hizo una reducción generalizada de las calificaciones de varios bancos “para homologar con sus estándares internacionales”, lo cual condujo a varias acciones legales que hoy siguen su discusión en tribunales de arbitramiento.

Para las calificadoras, tanto en Colombia como en el exterior su máxima es: “solo brindamos una opinión y no una recomendación”, aseguran.

Las calificadoras responden

De acuerdo con los representantes de S&P en Estados Unidos, no hubo ningún fraude porque “las calificaciones que se otorgaron fueron las que se creían adecuadas en ese momento, revisamos los mismos datos al igual que el resto del mercado incluidos los funcionarios gubernamentales que en 2007 indicaron que los problemas de estas hipotecas parecían estar contenidos”, han dicho en su defensa en ese país.

Algunos abogados, incluso, van más allá y afirman que esto se trata de una venganza política pues S&P fue la única de las firmas que rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos en agosto de 2011 y apoyó al Partido Republicano en las pasadas elecciones.

En Colombia, las explicaciones de las calificadoras tienen un tono similar. “InterBolsa es algo que se sale de los parámetros pues, con las cifras que había, nadie esperaba lo sucedido. Era una entidad líder, con buenas metodologías de riesgo, una plataforma tecnológica moderna, estaba incursionando en otros mercados y sus ejecutivos presidían los más importantes comités del mercado de valores”, afirma Luis Fernando Guevara, gerente de Value & Risk, calificadora que nació en 2008. Para algunos críticos, precisamente este hecho pudo repercutir pues las calificadoras nuevas tienden a competir bajo parámetros de precio y calificación.

“Hoy, después de todo lo que ha pasado, es fácil cuestionar por qué no lo anticipamos, pero nadie lo hizo, ni lo ha hecho en otras quiebras de comisionistas que se han presentado, como Intervalores y Stanford. Además, lo que se ha conocido son toda clase de manejos indebidos y una calificadora no es una auditoría. Solo damos una opinión técnica basados en la información que brinda el cliente, que se presume precisa y de buena fe, pues para corroborarla están el contralor normativo y la revisoría fiscal”, agrega Guevara.

Algo similar afirma Rafael González, presidente de BRC Investor Services, “lo único que no se anticipó ni se consideró en la calificación de los bonos Bogotá-Girardot fue la deshonestidad de los señores Nule. Por lo demás, dice, “era la ampliación de la carretera que tiene el flujo de peajes más sólido del país, el riesgo de construcción, como lo demostró la construcción a tiempo y con el presupuesto ajustado del túnel, era controlado y los líos de predios no los anticipó ni el mismo Gobierno”.

Según él, una calificación es una recomendación, un insumo adicional para tomar una decisión de inversión. Por tanto, añade, no reemplaza la labor del inversionista ni mucho menos la del regulador.

Para algunos críticos alrededor del mundo este ha sido precisamente el problema: la misma regulación se encargó de volver más relevantes a las calificadoras. Por esto, buena parte de las soluciones que se están planteando pasan por dejar no solo que se autorregulen y aumenten sus estándares de revelación de información, sino que buscan disminuir la dependencia de la regulación de las calificadoras. Se ha pensado, por ejemplo, que sean los inversores quienes paguen (no los mismos calificados) y que se asigne la calificación por sorteo, mientras que en muchos países desarrollados se ha optado porque la calificación sea voluntaria.

Para Carlos Fiorillo, director de Fitch Colombia, “no pueden evaluarnos de la misma manera pues tenemos presencia desde hace varios años, una mayor diferenciación entre el proceso analítico y comercial, y una probada capacidad de predicción. Además, somos muy cautelosos en las calificaciones de comisionistas pues tienen un riesgo de mercado mayor. De hecho, solo calificamos a Valores Bancolombia por el respaldo del grupo al que pertenecen”.

Al preguntarle por la rebaja generalizada que hicieron al llegar, dice que hubo inconformidades pero con el tiempo se ha ratificado que era necesario “La mayoría de entidades ha venido trabajando en mejorar sus niveles de capitalización”, afirma.

Sólo AAA

Fiorillo considera que el problema en nuestro país es el gran sesgo que tiene el mercado hacia calificaciones muy altas.

Más de 90% de las calificaciones asignadas en Colombia son AAA y AA, mientras en Chile estos niveles solo representan 15% de las calificaciones otorgadas.

Sin embargo, esto se debe a que los grandes inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, no pueden invertir por debajo de grado de inversión.

Esto podría no solo estar creando un incentivo para inflar las calificaciones, sino limitando el potencial del mercado. No hay masa crítica de negocios para que entren calificadoras más grandes como S&P y Moody’s, o para que las existentes sean más robustas y haya una competencia mucho mayor.

Durante los últimos dos años ha habido alrededor de 800 calificaciones por año en el país entre emisiones de deuda corporativa, bancos, seguros, fondos y administradoras, de las cuales alrededor de 55% han sido efectuadas por Fitch (la calificadora internacional con mayor presencia en la región), 40% por BRC Investor Services y alrededor de 12% para Value&Risk. Entre las tres, facturaron en 2012 alrededor de $15.000 millones.

Para Fiorillo, esto es un tema que afecta incluso la competitividad del país pues empresas nuevas, sectores en consolidación, proyectos de infraestructura no encuentran financiamiento en el mercado de valores. Se necesita que el mercado de capitales deje de ser solo para empresas grandes.

Por esto, todos debemos extractar lecciones de todos estos episodios. Según González, “las calificadoras aprendimos que es necesario ser más escépticos y precavidos, pero los inversionistas profesionales también tienen que hacer la tarea”. Por su parte, los reguladores deben buscar mayor transparencia y que la información que brindan las entidades que participan en el mercado de valores sea mayor y más abierta para que las calificadoras no tengan excusa.
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