Publicado: 23/01/2013

La vigía

Paula Gaviria Betancur, abogada experta en Derechos Humanos, está al frente de la misión de reparar integralmente a cinco millones de víctimas del conflicto armado.

En 1996, cuando fue llamada a integrar el equipo del magistrado Eduardo Cifuentes en la joven Corte Constitucional, Paula Gaviria Betancur se preparaba para ir a estudiar cine en Nueva York. Fascinada con las cintas de Ingmar Bergman y de Woody Allen, su colección de música estaba compuesta en su mayoría por bandas de películas de todas las eras del celuloide. Se imaginaba sentada algún día en el banquillo reservado a los directores.

Lloró cuando Beatriz, su madre –hija mayor del expresidente Belisario Betancur–, le hizo ver que para una abogada recién graduada una oportunidad de ir a trabajar a la Corte, así fuese ad honorem, representaba una inversión invaluable. Decidió quedarse y engavetar sus demás proyectos, que incluían algunos manuscritos de cuentos y poesías. Se dedicaría al mundo del Derecho que había aprendido en las aulas de Los Andes.

Dejar de lado las expresiones estéticas con las que había soñado no iba a implicar un cambio cualquiera. Sería una transición temprana hacia el universo de los Derechos Humanos que hoy domina en todas sus constelaciones. Tardó poco en comprender que ese era su designio y que lo había sido desde el día en que, bajo la égida del profesor Eduardo Álvarez Correa, preparó su tesis de grado sobre el valor de la vida en Colombia, cuyo capítulo central exploraba las condiciones de reparación de las víctimas a instancias del único mecanismo disponible entonces: las sentencias del Consejo de Estado.

Hoy, tres lustros después, al cabo de su trasiego por la Corte, la Defensoría del Pueblo y la Fundación Social, se encuentra al frente de la Unidad Nacional de Atención a Víctimas, cabeza de una red de 42 instituciones oficiales que articulan esfuerzos para convertir ese componente de la justicia transicional en una política de Estado.

Proclama sin reservas el acierto en la que, a su juicio, ha sido una de las apuestas más valientes del presidente Santos: reparar a las víctimas y hacer valer sus derechos sin que se haya declarado el fin del conflicto armado.

Su balance indica que 157.013 víctimas (47.000 más de las proyectadas a comienzos del año pasado) fueron indemnizadas con más de $912.000 millones en 2012.

Además, 1.067 municipios (solo faltan 12 por hacerlo) crearon Comités de Justicia Transicional y están listos para sumarse a programas que van mucho más allá de la entrega de un cheque e incluyen, por ejemplo, la reparación colectiva de las comunidades más golpeadas por el conflicto y, por primera vez desde la adopción de la Ley de Víctimas, de grupos vulnerables como los sindicalistas, defensores de derechos humanos, viudas y huérfanos de la UP y periodistas de provincia, cuyas voces son acalladas por los fusiles. Asume que la Unidad a su cargo es vigía de los intereses de todos ellos.

Prevé que el impacto de esta política repercutirá en las mesa de diálogos de La Habana, porque, al fin y al cabo, los resultados dejan ver que esta fórmula –paradójica pero efectiva–, de reparación bajo el fuego, mostrará que los efectos de la guerra están siendo mitigados y que la construcción de la paz cobra la forma de una empresa colectiva.

Le parece inevitable que todavía haya quienes pretendan evaluar su trabajo por su relación con su abuelo materno, el expresidente Belisario Betancur. Dice que hace algunos años gastaba energías tratando de convencer a todos de que ella era quien era por sí misma y no por sus influencias familiares. Pero después desistió porque está convencida de que debe concentrar sus esfuerzos en la causa que la convocó al servicio público: la atención de los cinco millones de víctimas que hacen parte de un registro histórico parcialmente consolidado.

Echa mano de la paciencia que aprendió como virtud en el colegio de las Hermanas Benedictinas para dejar en claro que nunca la ha movido la desconfianza y que solo 834 de las víctimas reconocidas inicialmente pretendieron engañar al Estado, lo que indica que ese sesgo producido por el fraude es de apenas 0,19%.

Solo sus hijas Eloisa, de 6 años, y Raquel, de 2, tienen la capacidad de distraerla de sus funciones y de procurarle un descanso reparador y feliz al lado de su esposo Jorge Gutiérrez, actual vicedecano de Derecho de Los Andes.

Si de cine se tratara, su vida sería un guión que pone en escena, en condición de protagonistas, a actores que antes rumiaban su dolor en el anonimato que la historia parecía reservarles a quienes más sufren los rigores de una larga guerra. Esta puesta en escena costará unos $52 billones durante los próximos 10 años y demandará el esfuerzo indeclinable del país entero.
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