Publicado: 21/11/2012

Chatarra millonaria

El proceso de chatarrización de vehículos públicos, piedra de escándalo en el pasado reciente, volverá a ser contratado en breve. ¿Cómo evitar que los fraudes se repitan?

Orlando Ortiz Sandoval, mayor retirado de la Policía, abandonó recientemente la prisión luego de ser absuelto al cabo de un juicio en el que se le acusaba de haber dirigido una red que habría obtenido multimillonarias ganancias, al convertir el proceso de chatarrización de vehículos de transporte de pasajeros y de carga en todo un fraude.

Su audiencia no tuvo ninguna publicidad y hasta ahora no es claro cómo analizó el juez de la causa las pruebas aportadas por la Fiscalía. Algunas de ellas apuntaban a que, en 2009, el entonces jefe de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá dio su visto bueno a la desintegración de algunos vehículos cuyas matrículas de rodamiento nunca fueron canceladas o cuyas características simplemente no correspondían a las de los vehículos que por su edad y condición técnica deberían salir del servicio.

Otras evidencias entregadas por la entonces fiscal 150 de la Unidad Sexta de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico buscaban demostrar que el oficial había abandonado varias veces su jurisdicción en Bogotá y se había ido a Malambo (Atlántico) para participar en la selección de vehículos que serían desintegrados y se harían pasar por buses y camiones. Igualmente, obraban en el expediente grabaciones de reuniones que el mismo oficial sostuvo en el hotel El Prado de Barranquilla con presuntos cómplices del Ministerio del Transporte, el Icontec y la firma Diaco, especialista en fundición de metal.

Pese a que los medios de comunicación de la época le dieron amplio despliegue a lo que ocurría, las responsabilidades no trascendieron. Con una absolución de por medio, el tema parece haber perdido interés. Sin embargo, varias entidades territoriales se preparan para contratar la chatarrización de vehículos. Una firma habilitada para hacer el reciclaje técnico del material es Gerdau-Diaco.

El gran reto es evitar que el modelo que contaminó el negocio en la época del mayor Ortiz Sandoval vuelva a imponerse. Las medidas tendrán que ser cuidadosas ya que, en ausencia de una competencia real en el sector, podrían imponerse intereses monopolísticos.

Pocos requisitos
Para realizar la chatarrización, que es la desintegración física de un vehículo para rescatar algún material que se pueda reutilizar, no son exigidos mayores requisitos. Para el Ministerio de Transporte, las empresas desintegradoras deben tener una clasificación internacional de actividad comercial y tributaria, según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Para obtener dicha clasificación se pide que la empresa certifique una actividad de fundición superior a 30.000 toneladas durante el año anterior a la solicitud de registro. Además, debe cumplir con las normas medioambientales vigentes.

En Colombia la única empresa que cumple con esas características es la multinacional Gerdau-Diaco. El proceso de chatarrización no se realiza mediante licitación pública, basta con una homologación y el operador quede habilitado para firmar contratos con cualquier entidad territorial.

Ahora la clave estará en disponer de una mayor vigilancia a los procesos. De esta manera se evitará replicar el modelo que en su momento hizo que la justicia le imputara al mayor Ortiz los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y falsedad marcaria.

En aquel entonces, para que el proceso de desintegración de vehículos de carga pudiera ser validado, los entes territoriales debían llevar un registro de los automotores que chatarrizaban y cancelar las matrículas de rodamiento. Al hacerlo, se procedía a pagar una indemnización a los propietarios para que compraran nuevos camiones o carros y no perdieran la inversión inicial. Sin embargo, ninguna autoridad se percataba de que realmente los automotores fueran desintegrados.

Para tener un registro de que la actividad era “lícita”, los interesados en hacer trampa solían utilizar el chasis de un automotor chatarra, el cual era remarcado con el número del serial.

Durante la investigación se demostró que algunos registros eran falsos y que se habían cobrado las indemnizaciones de vehículos que seguían rodando por las carreteras del país. Ese hecho hizo necesaria una nueva regulación que ahora deberá sortear su prueba de fuego.
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