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Publicado: 09/11/2012

Nadie quedó contento

Nadie quedó contento

Aunque el Gobierno permitió a Claro participar en la subasta del espectro, la vetó para pujar por las bandas bajas, que es donde hay más interés.

El 26 de octubre aterrizó en Cartagena Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Además de asistir a una reunión con otros millonarios de la región, rompió el protocolo y programó una rueda de prensa en la que dejó sentada su posición sobre una de las decisiones más esperadas en el sector de las telecomunicaciones: la subasta del espectro que da impulso al negocio de cuarta generación (4G) para llevar internet móvil y datos a mayor velocidad y de mejor calidad.

Dijo que Claro –su empresa de telefonía móvil en la región y que en Colombia tiene más de 65% del mercado– no es monopolio y que dependiendo de la asignación de espectro para servicios de 4G, la empresa tiene un plan de inversión para 2013 en el país por US$1.000 millones.

Su pronunciamiento no fue fortuito. El ambiente contra Claro está bastante caldeado por su relación con los competidores, el regulador e incluso el Congreso. Su posición de dominio en el mercado de voz dejó abierta la posibilidad de que no pudiera participar en la subasta de espectro para desarrollar el negocio de 4G.

Apenas 7 días después de la visita de Slim, el Gobierno expidió un paquete de medidas donde limita a Claro su participación en la subasta. Por un lado, solo lo deja participar en la banda de 2.500 MHz, la más alta, y no en las más bajas que le permiten mayor cobertura. Por otro, la pone en cintura con la decisión de cobros asimétricos y dicta medidas a favor de la calidad del servicio de todos los operadores.

Sirvió la visita de Slim a Colombia


A primera vista pareciera que no. De hecho, Claro planteó su inconformismo en un comunicado y dijo que la decisión de limitar su participación en la subasta “no le permite a la empresa competir en igualdad de condiciones y por consiguiente va en contravía de la inversión”.

Sin embargo, expertos del sector advierten que, en el caso de la subasta, fue una medida salomónica por parte del Gobierno pues no dejó a Claro por fuera, como muchos querían, pero tampoco la dejó participar en las bandas bajas, donde hoy hay más interés por parte de los diferentes jugadores, pues ayuda a extender la cobertura, mientras que las bandas superiores dan mayor capacidad. Así, no todos quedaron contentos.

Pero más allá del grado de satisfacción o complacencia, hay otros problemas sobre la mesa tras conocerse las decisiones del Gobierno. Por un lado, de acuerdo con los cronogramas, en febrero del año entrante se dará la subasta. Pero al mismo tiempo está caminando el proceso y las acciones para enfrentar la posición de dominio de Claro.

Las empresas del sector, distintas a Claro, esperan que estas medidas estén operando a más tardar en enero, antes de la subasta, y que no se dilaten en el tiempo, pues eran decisiones que se debieron tomar desde 2009, y terminaron juntándose con otras, como la asignación y subasta del espectro.

Por otro lado, uno de los beneficiados con las medidas contra Claro es MoviStar que podrá participar en la subasta del espectro en cualquiera de las bandas. Para Germán González, experto del sector, se va a empezar a cuestionar que el Gobierno regule y, al mismo tiempo, tenga intereses muy grandes en uno de los jugadores. Este hecho deja en evidencia las dificultades que tiene el Gobierno al ser operador y regulador al tiempo.

La Nación es la dueña de 30% de la hoy fusionada MoviStar con Colombia Telecomunicaciones. De su éxito dependerá el futuro del pago de las pensiones de miles de trabajadores de la antigua Telecom que están por encima de $7 billones.

Según voceros de Telefónica, el Ministerio de Hacienda es el accionista y es independiente del regulador y del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). “Las medidas y exigencias no se refieren solo a nosotros. Por ejemplo, a los establecidos los obliga a migrar a las Fuerzas Militares del espectro que hoy utilizan y a alquilarle la infraestructura a los entrantes. No se libra nadie. Además, la consolidación de la posición de dominio de Claro se da a partir de la mayor participación del Estado en las empresas. Mire las utilidades, participación de mercado y sobre todo rentabilidad”, dicen.

González también advierte que podrían presentarse contradicciones jurídicas técnicas. “El Gobierno dice que se tiene que cuidar de la posición de dominio de Claro en 4G, pero jurídicamente dice que es un nuevo mercado y no es el de voz el que está protegiendo”.

Sin embargo, algunos jugadores ya han explicado qué está en juego. “Si construimos el futuro sobre las bases que hay en este instante, seguramente tendremos un monopolio de datos en el país dentro de muy poco tiempo”, le dijo a Dinero hace unos días Marc Eichmann, presidente de Une.

Y, por último, está la posición de los entrantes al mercado. Dentro de los escenarios que tenía el Gobierno estaba la posibilidad de generar unas reservas –espectro destinado solo a entrantes– como sucedió con la subasta de 2010 que ganó Une y en la que compitió contra DirecTV. Pero no está en la nueva propuesta.

“Va a ser muy difícil justificar un modelo de negocio cuando de entrada hay que pagar un precio muy alto por el espectro y me guío por lo que pagaron el año pasado en la banda de 1900, los celulares: cada uno canceló US$90 millones. El precio base fue de US$318.000 por mega por año. En la de Une el precio base fue US$18.000 y con la puja Une pagó US$84.000. Pero la diferencia frente a la otra es muy grande”, dice Jorge Palacio, presidente de Avantel.

La pregunta hoy es si, con las medidas que adoptó el Gobierno, otras decisiones en paralelo se enfriarán, como la iniciativa en el Congreso de una Ley Antimonopolio. Todo indica que ese trámite de la ley tiene vida propia y que el legislador no se va a dejar sacar de la discusión.

El país estará atento a lo que viene para que los procesos fluyan y no terminen, como en el pasado, dilatándose en el tiempo.
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