La maldición del petróleo

Caliente, en todo el sentido de la palabra, es el ambiente que se vive en Puerto Gaitán (Meta), la nueva capital petrolera del país, ubicada a seis horas de Bogotá y epicentro de uno de los conflictos laborales y sociales que podría poner en jaque el auge energético que vive el país. El descontento social de la región sube con la misma presión con la que se extrae el crudo en los pozos en Campo Rubiales.

Puerto Gaitán es el reflejo de lo que vive hoy Colombia. Un pueblo que pasó de ser eminentemente agrícola y ganadero y un lugar de paso obligado de los viajeros entre Villavicencio y el Vichada, a convertirse en el destino preferido de miles de colombianos en busca de las oportunidades que ofrece la nueva fiebre del oro negro. Una fiebre que se está convirtiendo en enfermedad crónica y que puede derivar en un conflicto de proporciones incalculables.

Sus cerca de 14 calles están inundadas de pancartas de candidatos a la Alcaldía, la Gobernación del Meta y el Concejo del municipio. Pocas veces se ve en una población tan pequeña tal derroche de propaganda política. No es para menos, pues el botín electoral que llegará por regalías supera los $430.000 millones en los próximos cuatro años.

¿A qué político local no le interesaría el manejo de semejante chequera? Pero la tarea que enfrentará el próximo alcalde no será fácil. El descontento entre sus 30.000 habitantes (hace pocos años eran 17.000 contando los 13.000 indígenas) es cada vez más alto. En los últimos años de presupuestos abultados no se ha visto el progreso. Por el contrario, la inflación es una de las más altas del país, la delincuencia va en aumento y, aunque se ven algunas obras en construcción, nadie sabe a ciencia cierta dónde está toda la plata que llega a las arcas de la administración.

Un arco de concreto que costó $2.500 millones recibe a los viajeros a la entrada del pueblo. ¿Necesario? Seguramente no, sobre todo cuando requerimientos básicos de la población siguen sin ser cubiertos. La energía eléctrica llega de manera intermitente, el servicio de agua es deficiente, casi la mitad de las calles sigue sin pavimentar y la tasa de mortalidad infantil es una de las más altas del país.

El arriendo de una habitación no baja de $300.000 en uno de los barrios más humildes, un almuerzo no se consigue por menos de $8.000 y una gaseosa pequeña en $2.000. “La inflación es aterradora y el comercio no levanta cabeza por ello”, dijo el cura del pueblo, Gonzalo Tabares.

El futuro inmediato tampoco es muy halagador. Uno de los políticos con mayor opción para suceder a Oscar Erwin Bolaños, actual alcalde, es José Ricardo Landaeta, quien se hace llamar ‘el candidato del pueblo’ y propuso, en lugar de un arco de concreto, una estatua de 12 metros al mejor estilo bolchevique.

Landaeta bautizó su empresa de transporte Ibiza, porque considera que la industria turística “es megaplay” y quiere convertir a Puerto Gaitán en la Ibiza de Colombia y, como si fuera poco, organizar un gran rally internacional por las rojizas trochas rurales de la población.

Cómo no imaginar la escena: poderosos vehículos de última generación conducidos por pilotos escandinavos y de fondo una comunidad indígena de 13.000 personas desnutrida, harapienta y sin trabajo.

Además de Landaeta, hay otros seis candidatos de todas las vertientes políticas que intentan convencer sin propuestas progresistas a sus electores.

Otro de los candidatos, el del Partido de la U, Edgar Humberto Silva, ni siquiera logró contestar la pregunta de Dinero sobre las acciones que pondrá en marcha para frenar el despilfarro de los recursos que administraría en caso de ser elegido este 30 de octubre como primera autoridad de Puerto Gaitán. “El domingo lo llamo”, fue su respuesta.

Efecto ‘Guadalupe Salcedo’

Hace unos tres meses el paro de trabajadores de Campo Rubiales ‘era de admirar’, como dice el padre Tabares. La protesta era pacífica y la producción nunca se afectó. Los resultados: inocuos, nadie les prestó atención, por lo que los trabajadores tuvieron que recurrir a la opción de las capuchas, piedras y bloqueo de vías.

“Hay que estar allá para saber cómo se camella. Mi jornada de trabajo es de 12 horas y muchas veces no alcanzo a almorzar; tenemos contratos a solo tres meses y nos toca pagar una especie de impuesto para mantener el puestico”, explica Diego, uno de los capataces que esperaba en una cancha de microfútbol que el transporte de Pacific Rubiales lo llevara al campo, ubicado a seis horas del casco urbano y conectado por una vía en pésimas condiciones.

El ‘impuesto’ del que habla Diego es considerado por algunas personas un verdadero negociazo con tintes de mafia, aunque tiene un nombre sofisticado: Registro Único de Mano de Obra (Rumo).

Toda persona que quiera trabajar en Campo Rubiales debe inscribirse en el Rumo, los lugareños pagan $25.000 mensuales y los foráneos hasta $600.000. El organismo que cobra dicho dinero es Asojuntas, el gremio de las juntas de acción comunal del pueblo.

Uno de los dirigentes de Asojuntas, Alberto Abreo, le dijo a Dinero que el Rumo “busca que los habitantes del pueblo tengan prioridad al momento de ser vinculados a Pacific. 60% de los recursos se van para la operación del comité, otro 30% a las juntas de acción comunal y el otro 10% a fondos de Asojuntas”, explica.

En otras palabras, todo termina en los bolsillos de dicha asociación sin que se haga un control riguroso y, peor, sin justificación y autorización alguna del cobro. Hagan la cuenta: más de 3.000 personas pagando el Rumo a razón, mínimo, de $25.000 mensuales. ¿Y las autoridades? ¿Y el alcalde? Bolaños ni siquiera les pone la cara a los medios o a la red de veedurías ciudadanas que completa 8 meses en el pueblo sin que el mandatario les dé una cita.

Posiblemente esté muy ocupado planeando urbanizaciones como Villa Amalia, que se construyó sin mayores cimientos y sobre la arena, y cuyas viviendas ya presentan graves fisuras estructurales.

Tal vez deba echarse una pasadita por Unuma, un lote a pocos metros de la plaza central donde viven cerca de 90 familias indígenas en completo hacinamiento y miseria; sin servicios públicos, solo tres letrinas y niveles altos de desempleo y desnutrición. “También nos iremos a paro si no nos cumplen lo que nos prometieron”, amenaza Santiago Ramírez, representante legal de los 9 resguardos de la zona.

La respuesta de Pacific

Federico Restrepo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pacific Rubiales, reconoce que Campo Rubiales solo tiene 800 trabajadores directos y cerca de 10.000 contratistas “en diferentes modalidades”. Aunque el salario mínimo en mano de obra no calificada es de $1’050.000, está por debajo de lo que reconocen otras petroleras, como la misma Ecopetrol.

Mientras tanto, los que sí están capitalizando con creces esta caldeada situación son los representantes de la Unión Sindical Obrera (USO) que, como el ave fénix, intenta levantar cabeza como el sindicato poderoso de otrora. Puerto Gaitán es la cabeza de playa del ente para recuperar el protagonismo en el sector petrolero. Están en todas las negociaciones y Pacific ya les reconoce su influencia sobre los trabajadores.

Después de este viaje queda comprobado que la indiferencia de Pacific Rubiales más el descontento social pueden configurar el caldo de cultivo perfecto para protestas cada vez más violentas. No hay que olvidar que en esta tierra Guadalupe Salcedo abanderó en la década del 50 la inconformidad de la población con su clase dirigente. El parque central del pueblo lleva su nombre y fue justo donde se gestó este paro.

Ojalá haya una intervención oportuna y pronta del Estado que evite mayor deterioro de la seguridad y economía de la región. No en vano el cura del pueblo dijo que “no se sabe si esto del petróleo es una bendición o una maldición”. El tiempo lo dirá.